ENFOQUES

Sábado 29 de Junio de 2002

Sector Público. Augurios de polémica rondan designación en Contraloría:
El relevo del comisario Aylwin

El Gobierno no estaría dispuesto a seguir con la tradición de reemplazar al contralor con su subordinado inmediato, Jorge Reyes, por su afinidad con la derecha. Sólo le falta un voto para aprobar en el Senado a un candidato de su gusto, pero desde la oposición estiman "impresentable" designar a una autoridad tan relevante por la cuenta mínima.
Sandra Novoa Fernández

Aunque menos bullada que otras designaciones - consejeros del Banco Central o ministros de la Corte Suprema- , la del nuevo contralor general de la República huele a polémica. Arturo Aylwin debe abandonar el cargo el 12 de agosto, cuando cumpla los 75 años establecidos como tope por la Constitución para ejercer el puesto.

Porque las señales que empezó a enviar el Gobierno hace unos meses respecto de cuál sería su criterio para la sucesión entibiaron los ánimos de la derecha. La versión oficiosa difundida a la prensa es que el Presidente, quien debe proponer un nombre para ser ungido por el Senado, descartaría al actual subcontralor Jorge Reyes Riveros (72), como indica la tradición, por su cercanía al gremialismo y por la figuración de su hijo Jorge Reyes Zapata, asesor del senador Carlos Bombal, en denuncias que han afectado a miembros de su equipo.

En La Moneda estiman además que es muy difícil que Reyes concite los votos de la Concertación, dado que varios de sus parlamentarios acusan que un núcleo de altos funcionarios vinculados a la UDI filtra informaciones con fines políticos: destapar casos de corrupción. Esta percepción se ha hecho sentir en las dificultades que pusieron para darle más atribuciones a la entidad: la escasa acogida al proyecto de nueva Ley Orgánica (duerme en el Congreso desde 1992) llevó a que Aylwin propusiera una "ley corta" para abordar las deficiencias más urgentes.

Para la oposición sería impresentable objetar al subcontralor por razones políticas, "que apuntan más a la figuración del hijo, porque él nunca ha evidenciado ningún color en sus decisiones", opina la senadora Evelyn Matthei.

El Gobierno sabe que ese argumento es muy débil. Por eso tiene otros. Se arguye que es un mito que ascender al subcontralor sea una tradición, porque hubo un caso en que no se cumplió. Mencionan el del actual senador Sergio Fernández, quien llegó de fuera. Claro que hay que tener presente que apenas estuvo poco más de tres meses - del 1 de enero al 11 de abril de 1978- por una emergencia: reemplazar a Héctor Humeres, removido del cargo por el general Augusto Pinochet, cuando se negó a aprobar la realización de la Consulta Nacional.

Después asumió Osvaldo Iturriaga Ruiz, quien pasó de ser jefe de la división jurídica a subcontralor, precisamente con la llegada de Fernández, así es que en la práctica hizo la pasada de rigor por la antesala.

A ello se agrega que al existir un mecanismo de designación establecido constitucionalmente, este cargo no es de carrera, aunque obviamente para ejercerlo se requiere experiencia en la administración del Estado. Pero un punto en que las fuentes gubernamentales hacen hincapié es en que si cada contralor nombra a su subordinado inmediato, terminarían siendo ellos los que designan al sucesor, con lo que se crea una casta.

Consignan también que la categoría de contralor, al igual como la de los ministros de las cortes de justicia, no debiera asumirse como un "premio a la trayectoria", pues bajo esa óptica siempre será ocupada por personas muy mayores. "Y considerando que el Gobierno está empeñado en modernizar el Estado y que la Contraloría se encuentra en un proceso interno de aggiornamiento, tal vez el perfil adecuado ahora sea el de alguien más joven, con vigor y energía para impulsar los cambios de gestión".

Sin traumas políticos

Aunque en las últimas semanas Arturo Aylwin ha optado por el mutismo total respecto del tema a fin de no inmiscuirse en una facultad del Presidente ni transformarse en defensor de candidaturas, en marzo advirtió que sería gravísimo que se "politizara".

Lo mismo opina el senador designado y ex contralor Enrique Silva Cimma, quien enfatiza que hay cargos que por su naturaleza no deben asignarse con ribetes políticos, sino por la calidad humana y técnica. Aunque admite que a veces las circunstancias obligan a lo primero.

Recuerda que la autonomía del ente contralor radica en que la generación de su principal autoridad requiere aunar las voluntades del Presidente y del Senado, al que el primero presenta un nombre. Esta fórmula se estableció a mediados del siglo pasado, cuando tras darle rango constitucional al organismo se estableció que el contralor debía ser abogado, considerando que la mayor parte de sus funciones consisten en interpretar normas de derecho público.

"El primero nominado con acuerdo del Senado fue Enrique Bahamonde, en 1952, y el segundo fui yo", cuenta Silva Cimma, a quien lo candidateó Jorge Alessandri.

Plantea que a partir de entonces se consagró tácitamente la costumbre de promover al subcontralor, criterio que se aplicó hasta el breve paso de Fernández. Consigna que Eduardo Frei Montalva propuso varios nombres para sucederlo a él, pero el Senado los rechazó y tras ocho meses con el cargo vacante optó por ascender a Héctor Humeres, el segundo de abordo. También recuerda que antes, cuando se produjo la vacante de Humberto Mewes y él era jefe del departamento jurídico, Gabriel González Videla le dijo que se preparara porque lo iba a proponer, "pero yo le pedí que no cometiera tal error".

Espíritu que se mantiene en la Contraloría, donde nadie toca el tema más allá de manifestar que les gustaría que fuera alguien de sus filas. Si no es Reyes, preferirían a alguno de los "papábiles" internos, que por la exigencia de ser abogado y por orden de jerarquía debieran ser los jefes de división: Gustavo Sciolla, de Toma de Razón y Registro; Noemí Rojas, fiscal; Gastón Astorquiza, de Jurídica; Patricio Pérez, de Vivienda, Urbanismo, OO. PP. y Transportes; Lillian Jijena, de Municipalidades, y Sonia Doren, de Información Jurídica. Casi todos llevan más de 30 años en el servicio.

Sí desechan de plano que las afinidades políticas sean inhabilitantes, porque dentro de la entidad nadie actúa por motivaciones partidistas; aunque como todas las personas, tienen sus preferencias. Aclaran que no hay predominancia de ideologías y que cualquier insinuación de que filtren información es infundada porque éstas pueden producirse en los servicios públicos "dueños" de los actos administrativos.

Además aseguran que por muy contrario al Gobierno de turno que fuera el contralor, no se constituiría en un freno para la administración, porque el Ejecutivo tiene un último recurso para imponer su criterio: el decreto de insistencia, que lleva la firma de todos sus ministros y del que debe dar cuenta a la Cámara de Diputados. Salvador Allende recurrió mucho a los decretos de insistencia, pero en los años posteriores han sido raras estas contiendas.

Silva Cimma afirma que cuando no es posible seguir la tradición, porque el subcontralor no da confianza al Presidente, es recomendable elegir a un funcionario de carrera para mantener la autonomía, porque esta función exige pronunciamientos éticos y fiscalizar al Ejecutivo en pleno, lo que implica el dominio de categorizaciones que se adquiere en el desempeño.

Sobre las objeciones a la edad, tiene una postura clara: "A este cargo uno no llega a formarse ni a jubilar, sino a entregar un contingente de experiencia en la cosa pública". Sí es partidario de cambiar el tope de edad por el de ejercer la función durante un período determinado, porque toda responsabilidad agota : "Yo asumí como contralor a los 39 años, por lo que habría podido estar ahí una pila de años. Lo recomendable sería no más de 10, como es en otras partes".

Los atributos del cargo

Quienes postulan en La Moneda que se necesita savia nueva para llevar adelante el proceso de modernización a implementarse en los próximos 4 años, con un costo de US$ 25 millones. Y sobre todo ahora que la nueva ley le da más facultades en algunas áreas. Por eso han lanzado nombres a la parrilla.

Entre ellos el ex presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Luis Bates (67años); el ministro de la Cuarta Sala de la Corte Suprema Urbano Marín (66); Francisco Fernández, ex fiscal nacional económico y actual encargado de la comisión para la protección de los derechos de las personas, y Pedro Pierry, abogado del CDE. El perfil apuntaría a un abogado administrativista o que se haya fogueado en la administración pública, sin descartar que Lagos sorprenda y escoja a una mujer.

El atractivo del cargo, más que económico - el sueldo bordea los $ 2.700.000- depende de la vocación personal y del poder que implica. Su rol es controlar la probidad de la administración pública, toma razón de casi todos sus actos y sus interpretaciones de la ley son obligatorias para el sector. E integra el Consejo de Seguridad Nacional.

Basta nada más con recordar el revuelo que causaron las declaraciones de Aylwin cuando advirtió que "no se saca nada con ajustar al presupuesto el empleo de los fondos públicos si en su manejo hay ineficiencia y manifiesta negligencia en el cumplimiento de los objetivos que encomienda la ley". O el reciente informe sobre abusos de los médicos en hospitales públicos.

En todo caso, ya no queda mucho tiempo para conocer al futuro contralor. La intensidad de las negociaciones dependerá de la cantidad de votos con que el Presidente Ricardo Lagos quiera ratificarlo, porque la ley sólo le exige la mayoría absoluta del Senado, que son 25 votos y tiene en su mano 24. Algunos asesores admiten que siempre "viste" que los nombramientos consigan una amplia mayoría, pero agregan que como cualquier partido éste se gana por un gol y la validación la obtiene el elegido durante el ejercicio de sus funciones.

"Esperamos que el Gobierno actúe con sensatez y no defina por la cuenta mínima, considerando que no se trata de una autoridad cualquiera. Nosotros apoyamos a Arturo Aylwin el 97, porque nos pareció serio. No hicimos cuestión de su afinidad política con la administración Frei ni de que fuera hermano del ex Presidente Patricio Aylwin", dice el senador UDI Hernán Larraín.

En la derecha no descartan que Lagos "nombre a Reyes, a fin de evitar abrir un nuevo conflicto político y de demostrar que puede abstraerse de las presiones concertacionistas". Después de todo, por el límite de edad sólo duraría hasta el 2004. El quid está en que tendría que buscar un par de votos entre los suyos.

Así las cosas, a la fecha sólo hay consenso en que Arturo Aylwin fue un buen contralor, que se la jugó por la modernización y la productividad del organismo.



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Arturo Aylwin.
Arturo Aylwin.
Foto:El Mercurio


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