ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Domingo 7 de Septiembre de 2003

HISTORIA. Cómo el sector privado reaccionó a la amenaza de la estatización:
Los empresarios que se enfrentaron a Allende

Dirigentes gremiales clave en la resistencia al Gobierno de la Unidad Popular desvirtúan las versiones de que fueron meros ejecutores de un boicot organizado y financiado por Estados Unidos.
SANDRA NOVOA FERNÁNDEZ

"Nosotros no lo botamos, se cayó sólo". Es la respuesta que en distintas versiones emiten los dirigentes del empresariado que protagonizaron el contrapunto con Salvador Allende.

Aunque las lagunas, inevitables a la hora de retrotraerse 33 años, a ratos los hacen dudar sobre los detalles de los acontecimientos, son enfáticos en cuanto a que no participaron de un complot orquestado en Estados Unidos para derrocar al gobierno de la Unidad Popular, haciendo "aullar la economía", como consignan personeros de izquierda. Insisten en que sólo reaccionaron a una política de Estado que buscaba por todos los medios asfixiar la iniciativa privada. Y que si alguien colaboró marginalmente desde fuera, es cuento aparte.

"Eso es complejo de inferioridad. El 11 de septiembre lo hizo Chile, no nos acoquinemos ni busquemos manos negras. A lo mejor en ese tremendo esfuerzo hubo participaciones de entidades externas que simpatizaron con nuestra causa, pero no más que eso", comenta el entonces timonel de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Orlando Sáenz.

El ex líder de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) Jorge Fontaine, recuerda: "En un comienzo vimos con preocupación la inclinación dogmática de la UP, pero tuvimos la intención de mantener un diálogo, que se fue cortando a medida que la situación se tornaba insostenible. Una señal inequívoca de que íbamos a un proceso irreversible fue cuando al final del primer año el Presidente estatizó la banca". Admite que hubo unos meses de bonanza, en que aumentó el empleo y la actividad, pero acota que ese esfuerzo para crear una sensación de bienestar estuvo basado en tirar dinero al mercado, mientras la producción se dificultaba cada vez más.

Y para demostrar que no se resistieron por capricho a los cambios impulsados por una administración elegida democráticamente, recuerdan que el proceso de socialización tomó la forma de lo que denominaron "operación salame": partió propiciando repartición de los latifundios, las grandes empresas y comercios, pero las políticas de hostigamiento terminaron afectando a los medianos e incluso pequeños negocios.

"Allende decía con malicia 'qué alegan si hay 25.000 empresas y tenemos 300 en nuestro poder', pero esas representaban el 80% del PIB", comenta Sáenz.

Todos corroboran que el gran problema estuvo en que las autoridades decían una cosa y hacían otra. Convenían algo con el Mandatario, y los mandos medios no cumplían.

"El Gobierno siempre nos descalificaba motejando nuestras acciones como patronales, pero la verdad es que los paros eran nacionales y allí estaban todos los miembros de la civilidad", afirma Rafael Cumsille, presidente del Comercio Detallista.

El gremio, pese a que agrupaba a los pequeños y microempresarios del rubro, fue clave por su poder de convocatoria, lo mismo que la Confederación de Dueños de Camiones. Actuaron estrechamente con cuatro de las cinco grandes agrupaciones empresariales que entonces conformaban la CPC: la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara Central de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Sociedad Nacional de Agricultura. Sólo la Sociedad Nacional de Minería, donde varios eran afines a la UP, optó por mantenerse ajena a los enfrentamientos y privilegiar el diálogo con las autoridades.

Estas agrupaciones aportaban recursos y planificación, porque con la caída de la actividad y las industrias en poder de los sindicatos o los burócratas, tenían a los mejores empresarios del país disponibles para pensar y planear estrategias.

Sólo la Asociación de Bancos, que no pertenecía a la CPC, dejó de funcionar en ese período porque todas las instituciones, exceptuando el Chile - en que estaba Mario Vinagre- y el Crédito e Inversiones - de Jorge Yarur- pasaron al área social, con miras a hacer un único banco y con la orden de financiar sólo a las empresas públicas. El gremio quedó descabezado cuando intervinieron el Banco Español, donde era el presidente Manuel Bulnes.

En lo único en lo que no hay coincidencia es en las versiones de financiamiento externo. El tema causó polémica tras unas declaraciones de Sáenz en ese sentido, que él aclara. Afirma que se dedicó a buscar ayuda foránea, porque aquí las empresas estaban en una crítica situación económica, pero sólo a nivel de privados: "Me organizaban reuniones unas 10 personas a quienes les contaba lo que pasaba en Chile, que necesitábamos recursos, y les explicaba cómo hacer el aporte, pero no sabía quién daba qué. Si la CIA puso plata, no lo supe".

Los dineros se canalizaban a través de cinco cuentas, cada una con otro operador adicional y para girar debían firmar ambos.

"Me preocupé de que fuera un sistema transparente. Con eso subsidiamos más de 20 diarios y radios a través de la publicidad; y ayudamos a los demás gremios, incluidos a los camioneros, con estudios económicos y campañas, como la de "La Papelera NO", porque con el papel controlarían la prensa. Organizamos un poder de compra de acciones para evitar que la estatizaran, y fuimos casa por casa pidiendo a los accionistas que si vendían nos dieran la primera opción: muchos nos decían que nos quedáramos tranquilos o nos regalaban las acciones".

Pero Fontaine asegura que la CPC no recibió ni un centavo que no fueran las cuotas de las ramas asociadas, lo mismo que el resto de los dirigentes: "Saénz comentó que iba a hacer unos viajes para buscar apoyos, pero era para ellos".

El ex presidente de la CPC, quien era motejado por el oficialismo como antipatriota, facista y golpista, recalca que los empresarios hicieron lo posible por producir y se defendieron como pudieron para conservar las empresas: "Nos resistimos a las nuevas normas porque apuntaban a eliminarnos".

Sáenz también asegura que la Sofofa hizo un esfuerzo por entenderse con las autoridades. Pidió libertad de acción para reunirse con Allende y constatar cuál era el objetivo de su programa, que no tardó en entender: "Cuando partí teníamos dentro un capítulo de empresas públicas, pero todas se retiraron por orden del Gobierno. Pero uno de los éxitos de nuestro sistema de inteligencia fue cuando conseguimos un documento del ministro de Economía, Pedro Vuskovic, donde se detallaba cómo planeaban tomarse 100 empresas.

Un mecanismo que usó la UP para combatirlos era crear instituciones paralelas, como una Asimet a cargo del dueño de una fundición: duró hasta que le tomaron la empresa.

El frenazo camionero

Como bien dice Jorge Fontaine, los transportistas demostraron que eran tan importantes para el quehacer económico como la sangre para el funcionamiento del cuerpo humano.

Ya en el primer paro indefinido, que iniciaron el 9 de octubre de 1972, Allende y su gabinete tomaron conciencia de su poder. Y ellos también, porque la Confederación de Dueños de Camiones, comandada por el fallecido León Vilarín, nunca pensó en que su convocatoria permearía a todos los gremios empresariales, de trabajadores y el resto de la población.

La medida partió como una protesta ante los problemas de los transportistas, y en especial a un proyecto aprobado por Corfo-Aysén, de crear una empresa estatal que concentraría al transporte terrestre, aéreo y marítimo de esa provincia, que se interpretó como un plan para terminar con el transporte privado que llegaría hasta Arica. Pero también fue definido como una defensa de los derechos de toda la actividad privada.

Al día siguiente, una patrulla de Investigaciones llegó hasta la sede de la Confederación, ubicada en Almirante Barroso, y detuvo a Vilarín junto a otros tres dirigentes: Guillermo Satt, Jorge Álvarez Agüero y Eduardo López. "Estuvimos 17 días presos en la Cárcel Pública, primero en una pieza de dos por dos con una letrina en el medio. Después nos llevaron al corredor número 13, con dos asesinos", cuenta Álvarez, quien se desempeñaba como secretario general.

El 26 de octubre, las organizaciones que representaban a los miles de paralizados que empezaron a sumarse manifestaron que las negociaciones con el Gobierno se efectuarían a través del Comando de Defensa Gremial, que presentó el "Pliego de Chile". A lo que el Presidente respondió por cadena que el pliego tenía puntos políticos inaceptables.

El 2 de noviembre asumió un nuevo gabinete, con el comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, en Interior, quien al día siguiente comunicó la decisión de terminar con el paro.

El 5 de noviembre, el presidente del Comercio Detallista, Rafael Cumsille, anunciaba que las tres semanas de paralización habían concluido. Según Álvarez, eso fue resultado de una reunión de él y Vilarín con Allende en Tomás Moro, a donde los llevaron desde la cárcel. Allí presentaron siete peticiones y se determinó que la solución definitiva de las peticiones de los gremios sería estudiada en una comisión que presidiría Prats. Entre ellas estaba la normalización de empresas como Andina, Soprole y la Compañía de Gas.

"Fue una reunión muy distendida. Allende mandó a buscar una botellla de Chivas Regal. Cuando terminamos yo le dije, Presidente, ya que llegamos a un acuerdo convídenos un whiskycito, pero él respondió para ustedes sólo café", comenta el dirigente.

En marzo del 73 la situación volvió a hacer crisis. Como el Gobierno insistía en la idea de controlar los camiones, la Confederación entró en estado de alerta y empezó a prepararse para un paro definitivo: la orden era empezar a apertrecharse en los compamentos a lo largo de todo el país.

La paralización partió el 25 de julio: el Día Nacional de Cuba. Esta movilización duró 52 días, hasta el Golpe Militar.

Jorge Álvarez recuerda que su gremio fue vital para que no liquidaran empresas como la Papelera o El Mercurio, a la que se preocuparon de mantenerle el abastecimiento de papel.

Pero asegura que no recibieron financiamiento externo: "Después de tantos días de paro, estábamos quebrados. No teníamos créditos ni posibilidad de renovar vehículos; nos mantuvimos con las cadenas de solidaridad de la gente y ollas comunes para nuestras familias. Fui secretario general del gremio durante 15 años y jamás supe que nos llegara plata. Vilarín tenía dos camiones y yo uno".

En ese entonces la mayoría de los socios no pasaba de uno o dos vehículos y las grandes empresas estaban entre 10 a 15.

Las cortinas caídas

Otro gremio con que tropezó la UP fue el comercio, al que acusó de hacer un boicot devastador y de acaparar productos de primera necesidad para hacer ganancias en el mercado negro, burlando la fijación de precios.

La entonces Cámara Central, que reunía a las empresas grandes y medianas, estaba liderada por Jorge Martínez Rodríguez. Éste llegó al cargo desde la presidencia de Sideco, que había asumido en 1971 en su calidad de gerente general de Comercial Gasco.

Martínez recuerda que su gremio se sintió muy tocado por el triunfo de Allende, "quien desde el primer momento planteó un cambio dramático de la estructura económica". La inquietud inundó a los socios, cuyas inclinaciones partidarias iban desde la DC al PN: "En esencia los comerciantes son personas que creen en la libertad de emprender".

A poco andar corroboraron que resultaba infructuoso dialogar con las autoridades.

Pero el dirigente refuta las versiones de que actuaron como parte de un complot ideado por Estados Unidos para derrocar a Allende, como también que recibieran financiamiento externo: "Yo estuve al frente del gremio desde el '71 al '74 y jamás pisé la embajada de Estados Unidos. El movimiento gremial que manejamos fue muy chileno y nunca nos llegó plata externa. Nuestra situación era tal que yo sugerí al consejo vender el edificio".

Rafael Cumsille llevaba la batuta de la Confederación del Comercio Detallista, que dirige hasta la fecha. Ésta representaba casi al 90% de los micro y pequeños tenderos del país (en esa época era fácil saber cuántos comerciantes existían, porque para ejercer la actividad había que estar inscritos en un registro, obligación que venía desde antes).

"Ya en la campaña presidencial se rumoreaba que con la UP vendrían cambios en la distribución de los productos y el primer semestre del 71 empezaron a tomar medidas como transformar a Duncan Fox en la estatal Dinac, y después se tomaron Agencias Graham", cuenta Cumsille.

Para evitar que también estatizaran Codina, otra distribuidora importante, la Cámara, la Confederación y Conupia decidieron comprarla, dado que por la obligatoriedad de inscribirse en los gremios para ejercer la actividad tenían un buen capital procedente de las cuotas de los socios. Creyeron que con el argumento de que ahora sus dueños eran empresarios de todos los tamaños su estructura de propiedad sería considerada más "social". Sin embargo, aunque era mucho más chica que Dinac al final igual se la quitaron.

El primer acto de protesta masivo fue una bajada de cortinas el 6 de junio, para el Día del Comercio.

Después la CNC empezó a trabajar en la corformación de un movimiento multigremial a fin de que se generalizara la toma de conciencia sobre las implicancias del programa de Gobierno. Martínez cuenta que en reuniones en el Club Griego, ubicado en calle República, formaron el Frente Nacional de la Actividad Privada que llamó a una gran concentración en el Teatro Caupolicán el 2 de diciembre del 71, el día siguiente al cacerolazo de las mujeres en la Alameda: "El Gobierno cometió el error político de atacarlas, porque la ira que eso despertó en la gente hizo que esa concentración tuviera un éxito extraordinario".

Cumsille agrega que a la misma hora Fidel Castro hablaba en el Estadio Nacional, pero que tuvo bastante menos convocatoria: los privados llenaron seis cuadras de San Diego.

Ambos dirigentes desmienten tajantemente que hayan usado el acaparamiento de las mercaderías para desestabilizar a Allende por la vía de generar caos a través del desabastecimiento. Aseguran que fue más bien el Gobierno el que intentó controlarlos con la fijación de precios y la racionalización, que implementó la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP). Para tener derecho a abastecimiento comerciantes y consumidores debían inscribirse en la JAP, lo que como implícitamente conllevaba una adhesión al régimen terminó siendo un sistema discriminatorio, que no estuvo ajeno a las coimas.

Según Cumsille, "eso hizo que el comercio empezara a tener problemas de stock en todos los rubros y que partieran las colas".

"Si uno analiza las cifras de producción del 72 y 73 es evidente que se fue al suelo, no alcanzaba para satisfacer la demanda y fuera de eso, con todas los controles y la escasez de medios de transporte, el abastecimiento no podía ser normal. Puede que algunos se aprovecharan de la situación y guardaran cosas, pero no fue una práctica fomentada por nosotros. Y tres tambores de aceite o 10 sacos de azúcar, como eran los casos que se denunciaban, no solucionaban el problema nacional", afirma el ex dirigente de la Cámara.

El representante de los detallistas enfatiza que cerraban sus negocios por la falta de productos y para defender el derecho a trabajar. "No hubo razones políticas. El acaparador era Estado, porque se comprobó que la Dinac en varias ciudades tenía tambores de aceite guardados. Además, la burocracia era tan grande, que la Dirinco exigía una guía de libre tránsito para mover los productos y costaba tanto conseguirla que muchas veces los perecibles se echaban a perder y había que botarlos". Así explica que al otro día del Golpe Militar varios locales aparecieran con sus estantes llenos.

Ambos gremios participaron en tres paros. El primero fue uno de dos días a mediados del 71, a raíz de la muerte de un comerciante en Punta Arenas. En solidaridad con los camioneros se sumaron al famoso paro de octubre de 1972, en el que la mayoría de los dirigentes fueron detenidos. Y al final, de julio de 1973.

La Reforma Agraria II

La propiedad en el agro fue otro gran foco de conflicto. Hasta hoy en la izquierda afirman que la oposición de los latifundistas fue más dura que la campaña para derrocarlos de Estados Unidos.

Como Benjamín Matte Guzmán, quien fuera presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) hasta el 72, murió en octubre del 93, otro de los testigos de la época hace memoria de lo que fue el período: Alfonso Márquez de la Plata, vicepresidente del gremio desde 1969 y presidente a partir de abril del 73.

Recuerda que Allende sólo continuó con un proceso de reforma agraria que se validó legalmente en el Gobierno de Alessandri y que impulsó en la práctica Frei Montalva, siguiendo una tendencia que se dio en la mayoría de los
países latinoamericanos "Como había una convicción creciente de que los problemas sociales podían solucionarse por la vía de la revolución socialista, Frei optó por anteponer una revolución cristiana. Claro que sólo afectó a los agricultores, a los que aplicaron una legislación diferente. Y con eso le pavimentaron el camino a la UP".

Admite que bajo este sistema al comienzo la producción repuntó un poco en el Gobierno de Frei, porque la gente sembraba aunque fuera a pérdida para que no los expropiaran, pero el 70 ya había caído a los mismos niveles de 1935 "porque los burócratas a cargo de los predios no tenían idea".

Ya el '69 los ánimos de los agricultores estaban caldeados y eso derivó en un recambio generacional de la directiva de la SNA: a los antiguos dirigentes se les pasó la cuenta por la poca resistencia que presentaron a la reforma. Así, la lista de Matte y Márquez de la Plata desplazó a la encabezada por el ex vicepresidente del Senado Hugo Zepeda: "La gente joven tomó las riendas para dar la pelea".

Iniciaron una activa defensa legal con los mejores abogados del país, como José María Eyzaguirre, que los asesoraron ad honorem para parar las expropiaciones.

El ex dirigente afirma que el argumento de que el latifundio derivaba en grandes extensiones de terreno ociosos, que había que recuperar por la vía de las expropiaciones, no daba cuenta de que el atraso del sector era fruto de políticas económicas erradas por décadas, que habían apuntado a sustituir producción interna en pro de una industrialización.

A su juicio, eso mismo responde las recriminaciones de la izquierda respecto a que los trabajadores estaban mal pagados y ni siquiera recibían billetes como salario: "En los campos había relación muy paternalista con los empleados, incluso muchas veces los agitadores que iban a tomarse los predios eran repelidos por ellos. La actividad era poco rentable y no estaba en condiciones de pagar remuneraciones. Por eso muchos prefirieron que les expropiaran los fundos o los abandonaban para la crianza de animales. Era la política económica la que tenía postrada a la agricultura. De lo contrario cómo se explica que fueran rentables en el Gobierno Militar".

Insiste en que la falta de cultivos, que derivó en escasez y altos precios, no fue un plan para afectar el derecho de la población a alimentarse, sino el producto de una mala política cambiaria y del atropello al derecho a la propiedad.

"Al final del Gobierno de Allende se exportaban US$ 67 millones y se importaban US$ 600 millones. Había expropiado la mitad de los campos, que se pagaba con 10% del avalúo fiscal al contado y el resto con bonos no reajustables a 30 años plazo".

La SNA tuvo muy poca relación con Allende. Márquez de la Plata recuerda que sólo una vez los mandó a llamar, cuando hubo una tempestad de nieve, y que tampoco llegaron a relacionarse mucho con los ministros, porque los cambiaban a cada rato.

Su principal instrumento de protesta era la Radio Agricultura, que pasó por fuertes apreturas económicas debido a que sus auspiciadores fueron amenazados por el Servicio de Impuestos Internos. Ante eso tuvieron que apelar a la solidaridad de los auditores.

"En la desesperación le pedimos a la gente del Partido Nacional que nos apoyara y nos comprara la mitad, pero en la práctica eso no fue más que un compromiso de hacerse cargo del 50% de los gastos, y después hubo que recomprarles. No recibimos ningún otro tipo de ayuda económica".

Sin embargo, hay versiones de que la SNA enfrentó además diferencias internas en el enfoque para enfrentar los problemas con el Gobierno, que le restaron fuerza. Eso se habría evidenciado cuando Márquez de la Plata se impuso a Matte en la elección del 73, cuando este último trató de usar un resquicio para ser reelecto por un tercer período. Los estatutos sólo contemplan dos períodos consecutivos. Aunque Matte terminó secretamente en Patria y Libertad y muchos temieron que ese grupo se enquistara en la radio Agricultura, otros tenían las aprensiones contrarias, porque su primo Luis Matte Valdés fue ministro de Vivienda de Allende y su primo Arturo Matte Alessandri era dueño del diario del PS Última Hora.

Poco que construir

La Cámara Chilena de la Construcción tuvo tres presidentes en el período. El primero fue Arsenio Alcalde - asumió en agosto del 70 y se fue al año siguiente- , quien tenía dos empresas, una dedicada a los edificios públicos y la otra a hacer departamentos y casas para la Corvi. El Estado era uno de los principales clientes del sector.

Durante la campaña presidencial el sector no tenía claro lo que se venía: "Sabíamos que Allende era un hombre de izquierda, pero no teníamos conciencia de que estaba inspirado a tal extremo en el colectivismo de Estado".

Pero pocos días después de la elección Presidencial del 4 de septiembre del 70, Salvador - con la primera mayoría de los votos en la mano- lo contactó a través de un amigo diputado de izquierda y le despejó las dudas.

"Dado que el Congreso aún no lo proclamaba Presidente, fui con mucha cautela a su casa en Guardia Vieja, para que no se interpretara como un acto anticipado de salutación. Me dijo que las empresas constructoras se iban a terminar porque era una acción que emprendería directamente el sector público. Yo le pregunté en cuánto tiempo pensaba hacer eso y me respondió: seis meses. Los contratos a medio camino se terminarían, pero a futuro asumirían todas las obras del Estado".

A raíz de esta visita, Alcalde recibió una reprimenda de la CPC, que consideró imprudente un contacto de esta naturaleza.

Una vez confirmado que Allende era el ganador y en conocimiento de sus intenciones, la inquietud se apoderó de los constructores. Pero pasados los seis meses hubo una redefinición de los planes: al igual que en los otros sectores sólo las grandes obras serían emprendidas por el sector público, para lo que crearon los Departamentos de Ejecución Directa; las medianas se adjudicarían a empresas mixtas y las pequeñas los privados. En realidad nunca llegaron a ver las empresas mixtas.

"Empezó la prédica de la lucha de clases para generar el enfrentamiento de los trabajadores con sus empleadores. Muchas veces éstos no cumplían sus labores y no había a quién quejarse. Si se tomaban la obra - sólo en marzo del 73 se apoderaron de 5.000 y tantas viviendas- uno recurría a los juzgados, pero las sentencias judiciales nunca fueron apoyadas por Carabineros y no llegaban al desalojo".

Un año y algo después, cuando era evidente que el sistema no funcionaba, devolvieron las empresas.

"Yo tenía contrato de unas 200 viviendas Corvi, que las continuaron tomadas por trabajadores y funcionarios públicos y cuando me las entregaron los jornales pagados en ese lapso habían salido más caros que el avance de las obras, porque nadie trabajaba".

El dirigente reconoce que su gestión no estuvo exenta de críticas, porque a algunos socios no les gustaban actitudes como poner inserciones públicas para responder los ataques de los ministros, conminándolos a hacer que las cosas funcionaran en vez de criticar a las empresas. "Algunos decían que eso arriesgaba una relación razonable con las autoridades, pero a mí me parecía que correspondía defendernos de declaraciones injustas".

Pese a todo asegura haberse reunido varias veces con Allende. En una de esas ocasiones éste le preguntó si era verdad que pensaba irse del país:

"Le dije que no estaba en mis planes, pero que mi esposa sí estaba viviendo en Mendoza con mis hijos, porque no estaba dispuesta a que se educaran bajo la ENU".

A Alcalde lo sucedió Raúl Varela (el abuelo de la actriz Leonor Varela) entre 1971 -72 y después vino Hugo León Puelma, quien falleció a fines de los 90.

La "neutralidad" minera

Aunque la minería privada estaba reducida a su mínima expresión tras la chilenización del cobre en el Gobierno de Frei, que dejó el 51% de las empresas en manos del Estado, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) no desapareció.

En 1971 enfrentó un difícil proceso eleccionario, tras la dimisión de Francisco Cuevas Mackenna, un hombre de izquierda. Antes de que se procediera a la votación de su reemplazante, Cuevas dijo haberse informado por la prensa de la existencia de un frente gremialista en la institución, que censuraba la elección ad portas por adolecer de un carácter plebiscitario, colocando a Norberto Bernal, de tendencia radical, como representante del oficialismo y un continuador suyo, y al DC Alejandro Noemi Huerta, de la oposición. Afirmó que eso era falso y que ambos habían defendido siempre los intereses gremiales.

Finalmente ganó Bernal, quien desde 1966 se desempeñaba como gerente de Sonami, con 44 de los 82 votos. Quienes lo apoyaron lo hicieron porque su posición política lo convertía en un buen enlace con las nuevas autoridades. Y él declaró de inmediato que su gestión no sería trinchera política, sino estrictamente gremial.

"Las posturas de nuestros asociados iban desde la extrema izquierda, en el caso de los pirquineros, hasta los férreos opositores a Allende, en el caso de los empresarios más grandes. Y esa diversidad se reflejaba en la directiva: un presidente radical; un primer vicepresidente senador DC (Noemi), y un segundo vicepresidente que era alto dirigente del PN, Carlos Reymond. Por eso era necesario mantener una posición gremial que políticamente no afectara la unidad y no nos hiciera perder la afiliación de la gran minería, que era estatal y representaba la mayor parte de nuestro financiamiento, porque la pequeña minería estaba en precarias condiciones".

Bernal comunicó rápidamente al presidente de la CPC que se marginarían de la acción pública de la Confederación, pero seguirían perteneciendo a ella. Sonami se abocó a defender los intereses gremiales, que a esas alturas se limitaban a la pequeña minería, que dependía de las tarifas y el fomento de Enami.

La estructura societaria estaba constituida por la gran minería de cobre, que entonces se reducía a Codelco; la mediana, que producía menos de 35.000 toneladas de cobre fino al año (fundamentalmente Disputada y Mantos Blancos, que fue la única que se salvó de la estatización); y la pequeña minería. A eso se sumaban los productores de hierro, oro y carbón. Unos 70 u 80 afiliados en total.

Durante el Gobierno de Frei el gremio no hizo una oposición fuerte a la chilenización, aunque las compañías extranjeras protestaron en el Consejo que no se las defendía. Cuevas Mackenna creía que la historia conduciría hacia allá, porque el ambiente nacional era proclive; sólo se oponían los dueños norteamericanos. Después la Sonami apoyó la nacionalización porque se veía como un proceso irreversible. Tanto así que ni siquiera la derecha hizo olitas en el Congreso, aprobándola por unanimidad.

En la gran minería estatal al gremio no le cabía ningún papel. Dentro de estas empresas, la politización de los sindicatos paralizó la actividad: sólo los trabajadores de Chuquicamata hicieron más de 80 huelgas en un año.

Bernal enfatiza que no renunciaron a la defensa de sus intereses, lo que se refleja en un discurso pronunciado por Noemi en agosto del 73, que fue aprobado por la mesa, donde hizo una dura crítica a la política minera y un crudo diagnóstico de la mala situación económica que les había provocado.

El 13 de septiembre del 73 Bernal renunció, consciente de que ya no podría cumplir su rol de enlace con el nuevo Gobierno. "Pero Sonami siguió manteniendo una posición apolítica y gremial, por eso nuestra declaración no fue de apoyo al régimen militar".



Herramientas Reducir letras Aumentar letras Enviar Imprimir
Mientras las grandes empresas pasaron al Estado, las medianas fueron tomadas por los sindicatos y la producción se hizo insuficiente para abastecer la demanda.
Mientras las grandes empresas pasaron al Estado, las medianas fueron tomadas por los sindicatos y la producción se hizo insuficiente para abastecer la demanda.
Foto:El Mercurio


[+] Vea más fotos    >>
  • Servicios El Mercurio
  • Suscripciones:
    Suscríbase a El Mercurio vía Internet y acceda a exclusivos descuentos.

    InfoMercurio:
    Todos los artículos publicados en El Mercurio desde 1900.

    Club de Lectores:
    Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.

Versión Digital

  • Revistas
    El Mercurio
  • PSU@ElMercurio.com Ediciones Especiales