REPORTAJES

Domingo 4 de Febrero de 2001


La Absolución que Remeció a la DC. Indemnizados sin Sanción

Los tres camaradas democratacristianos cuestionados por los millonarios desahucios en empresas públicas del Estado fueron prácticamente absueltos por el Tribunal Supremo de su partido. La directiva, sin embargo, no está dispuesta a quedarse con las manos atadas y ya interpuso un recurso para revertir el dictamen.
Por M. Angélica Pérez Ferrada

LAS indemnizaciones se diluyen. La pauta que marcó la DC en la Cámara de Diputados al impedir que sus camaradas fueran investigados por un ministro en visita fue ratificada esta semana por el Tribunal Supremo, que resolvió absolver a dos de sus militantes e imponer una sanción de "censura por escrito" a Alvaro García Alamos, ex gerente general de ENAP.

Pero el dictamen, que causó indignación en la oposición y al interior de las filas partidistas de la DC, no debería sorprender a nadie.

El informe aprobado el jueves 18 de enero en la Sala de la Cámara de Diputados apuntaba en esa línea: no estableció responsabilidades políticas y se limitó a sostener que serán los tribunales de justicia los que "determinarán las responsabilidades de aquellos ejecutivos que hubieren sido indebidamente indemnizados", acordando remitir todos los antecedentes recopilados en la investigación a la Contraloría y al CDE, a fin de que continúen persiguiendo las responsabilidades penales y civiles que correspondan.

Tampoco llegaron a puerto ese 18 de enero las negociaciones entre diputados de oposición y oficialismo para consensuar un proyecto de acuerdo en que se consignaran responsabilidades políticas y se solicitara la designación de un ministro en visita. Los democratacristianos Ignacio Walker y Sergio Elgueta se rehusaron a firmar.

Y en un nuevo intento, algunos parlamentarios de oposición - Baldo Prokurica, Arturo Longton y Lily Pérez- , concurrieron a los tribunales a solicitar la designación de un ministro en visita. El lunes se entrevistaron con el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, pero a ellos les pareció que la gestión no dio resultado.

El martes Longton señaló: "El presidente de la Corte dijo que había muchos ministros en visita, como diciendo 'mira estamos muy ocupados'. Y nosotros le dijimos que buena parte de la pega estaba hecha".

El miércoles algunos medios, erróneamente, informaron que el pleno había rechazado la solicitud. Sin embargo, el máximo tribunal ordenó medidas para mejor resolver, según lo informado por la relatora del pleno al abogado patrocinante de la petición, Cristián Letelier Aguilar, la resolución no ha sido aún notificada a las partes. Esto significaría que una vez cumplidas estas medidas previas la Corte Suprema entraría a conocer el fondo de la solicitud, lo que sería en marzo próximo.

El informe del fiscal

Los cargos en contra de los militantes cuestionados por los desahucios que recibieron, quedaron fijados con claridad en el informe que el fiscal de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Correa Sutil, entregó al Tribunal Supremo del partido.

A Alvaro García Alamos se lo acusa por haber favorecido y acordado para los ejecutivos superiores de la empresa, con más de seis meses de antigüedad, un beneficio consistente en una indemnización de 12 remuneraciones, cualquiera sea el tiempo trabajado, beneficio que el fiscal estima "excesivo, carente de justificación y razonabilidad, realizado en detrimento del patrimonio y fines de la empresa y que vulnera el deber de ecuanimidad de las acciones que todo militante debe observar en su vida pública".

También se reprocha al ex gerente general de ENAP por haber impulsado y favorecido la adopción en su propio favor de ese beneficio, "en condiciones que no podía sino prever como probable su salida del cargo al término del período presidencial en que había sido nombrado, beneficio que debe considerarse excesivo y carente de justificación y razonabilidad, realizado en detrimento de los fines y el patrimonio de la empresa".

Y, finalmente, por "no haber cuidado de obtener todas las aprobaciones y dar prudente publicidad al establecimiento de un beneficio que lo favorecía personalmente", todo lo cual daña el prestigio moral de la DC.

Distinta es la situación de Marcelo Rodríguez, ex secretario general de ENAP, a quien el fiscal sólo le formula los cargos de haber suscrito un convenio en su favor que establecía "un beneficio excepcional y carente de justificación y fundamento" y por no haber observado u objetado la reserva con que se llevó a cabo.

Al ex vicepresidente ejecutivo de Enami, Patricio Artiagoitía Alti, en tanto, le faltó la diligencia necesaria para reparar que la medida que debatieron los órganos de administración de Enami - consistente en rebajar los requisitos para percibir indemnizaciones de tres a un año de antigüedad para los altos ejecutivos- podría favorecerle, como de hecho ocurrió.

En consecuencia, el fiscal formuló en su contra el cargo de "haber faltado a la prudencia al no cumplir con todos los debidos cuidados para garantizar que una decisión que lo beneficiaba personalmente se adoptara sin su participación".

Artiagoitía asistió a las sesiones del Comité y a la del directorio en que se trató y aprobó esta medida, aunque afirmó que no tuvo conciencia de estar asistiendo al debate de un cambio que lo favorecería.

Un fallo controvertido

A pesar de estos cargos, particularmente en el caso de Alvaro García Alamos, el voto de mayoría del Tribunal Supremo de la DC estableció que él "no obró dolosamente, ni de mala fe, ni por propósito de codicia o enriquecimiento personal al consignar en el convenio colectivo del 1 de enero de 1999 la cláusula indemnizatoria de mínimo garantizado".

Los antecedentes referidos a la cláusula indemnizatoria - que garantizaba un mínimo equivalente a 12 remuneraciones promedio mensuales, aunque se hubiera trabajado menos de 12 años en ENAP y siempre que se hubiere prestado servicios durante más de seis meses- quedaron reflejados en el balance de ENAP.

"Esto significa que fue aprobado por el directorio de la empresa, revisado en cuanto al control de legalidad por la Contraloría General de la República, que no formuló reparos respecto de esa cláusula y además, de acuerdo con la ley de ENAP, fue remitido a la Cámara de Diputados. En ninguna de estas instancias hubo cuestionamientos", explica el abogado Florencio Ceballos, presidente del Tribunal Supremo de la DC y director del "Diario Oficial".

Uno de los elementos que pesó a la hora de dictar el fallo es el siguiente: García Alamos tiene una antigua militancia en el PDC, fue un alto funcionario del Banco del Estado y tuvo figuración en la época de Eduardo Frei Montalva, tiene antecedentes relevantes de servicio público sin que nunca hasta ahora haya sido objeto de sanciones disciplinarias ni se haya puesto en tela de juicio su integridad. "Esto pesó muy fuerte - reconoce Ceballos- . Asimismo, la incorporación de la cláusula a la que nos referimos fue hecha de manera abierta y pública dentro de los mecanismos contemplados en la normativa vigente de ENAP".

Lo que no tuvo ninguna relevancia para el TS es que, a pesar de reconocer que se trató de una cláusula "notoriamente desproporcionada y excesivamente generosa para sus eventuales beneficiarios", Alvaro García Alamos figura entre quienes no devolvieron el dinero.

"No tiene nada que ver una cosa con la otra. No es el acto de devolución el que limpia eventualmente una conducta incorrecta o impropia, porque en ese caso todas las personas presas en la cárcel pública por delitos contra la propiedad, por estafa, robo, hurto, si devuelven quedarían libres de polvo y paja. Eso es francamente absurdo. Eso puede ser una medida de orden político o ético que un gobierno en un momento determinado pueda exigirle a quienes adhieran a su ideario o programa", afirma Ceballos.

Lo curioso es que el abogado continúa creyendo que la institución que encabeza en la DC no tiene controversia con las autoridades partidarias y que el fallo contribuyó a la paz al interior del partido.

La directiva de esa colectividad ya interpuso un recurso de reconsideración y el TS no tiene plazo determinado para pronunciarse, aunque en las filas de la DC estiman que lo hará recién en marzo.

Pero, ¿cuáles son los fundamentos del fallo? ¿Sólo el hecho de que la claúsula indemnizatoria quedó reflejada en el balance de ENAP y el historial en la DC de Alvaro García Alamos?

Hay otros puntos a considerar: primero, el tribunal no comparte la insinuación del fiscal en el sentido de que al introducir tal disposición García Alamos haya tenido en vista que por el próximo término del período presidencial bajo el cual había sido designado gerente general de ENAP él también tendría que retirarse de tal cargo. Su predecesor en el puesto de gerente general, Juan Pedrals, permaneció 10 años durante diferentes regímenes políticos y cesó en sus funciones por fallecimiento.

Segundo, la decisión de García Alamos de incluir la cláusula indemnizatoria en el convenio colectivo del 1 de enero de 1999 responde a una política del directorio consistente en llevar las remuneraciones de sus ejecutivos superiores a los valores de mercado.

El fiscal Correa Sutil señaló en su informe - y esto fue decisivo para el fallo- que "debe asumirse que el criterio de aplicar las reglas del mercado a las relaciones laborales en las empresas del Estado no puede serles reprochado a los camaradas cuya conducta se examina". Pero también consignó que la cláusula en cuestión no puede estimarse ni idónea ni razonable para alcanzar un régimen de indemnización equivalente al promedio del mercado.

Además, no fue puesta en conocimiento particular del directorio. Se tramitó en la misma forma que las anteriores. "En lo que respecta a Alvaro García Alamos, el convenio fue suscrito por el presidente del directorio y ministro de Minería de la época, Sergio Jiménez; el gerente general no estaba obligado a informar pormenorizadamente al directorio de los términos precisos de cada contrato y en el hecho nunca se hacía así", dice el fallo.

Sin embargo, coincide con el fiscal en el sentido que el beneficio introducido por la cláusula de mínimo garantizado resulta poco razonable, sin precedentes en ENAP y sin similitud en otras empresas, públicas o privadas. Que lo inadecuado y expuesto a la crítica del sistema implantado debió ser advertido por García Alamos, dada su larga experiencia empresarial, financiera y directiva, tanto en el sector público como en el sector privado, y al no hacerlo, obró con "ligereza, imprudencia y mal criterio".

Según Florencio Ceballos esos tres calificativos no afectan la honra de una persona ni su integridad moral: "El TS no es un pelotón de fusilamiento o una cuadrilla de verdugos".

Las movidas de la DC

Desde las 17.00 hrs. hasta las 22.00 hrs. del lunes estuvo reunido el Consejo Nacional de la DC. El dictamen del Tribunal Supremo los sorprendió, aseguran sus miembros, aunque algunos parlamentarios de oposición están convencidos de que esto es un "show".

"Yo no vi a la directiva de la DC actuar con el mismo vigor cuando sus diputados impidieron en la Cámara de Diputados la posibilidad de que se nombrara un ministro en visita y que se establecieran responsabilidades políticas - explica el diputado UDI Víctor Pérez- . Aquí hay mucha palabrería, pero en el momento de las definiciones siempre logran evitar que se establezcan los hechos y las responsabilidades. Creo que a la larga nada va a modificar el fallo del TS".

Pero tal como lo acordó el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana el lunes 29 de enero, la directiva interpuso pasado el mediodía del jueves el recurso de reconsideración, basado en el artículo 83 de los estatutos partidarios.

"Lo que se busca aquí es que el tribunal modifique su dictamen, el que debe estar en íntima consonancia con el informe del fiscal Correa Sutil. También tendremos en cuenta el voto de minoría y algunos antecedentes que, por la fecha del fallo, 14 de enero, a nuestro juicio no fueron debidamente considerados, como el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados", afirma el secretario nacional de la DC, Edgardo Riveros.

Explica que mientras este recurso continúe pendiente el Consejo Nacional ha decretado mantener la suspensión de los derechos de militante de Alvaro García Alamos, medida que había sido derogada por el fallo.

Para el diputado Miguel Hernández, jefe de la bancada DC, el dictamen - que califica de "aberrante" y "vergonzoso"- no tiene explicación.

El Presidente Lagos ha dicho que este es el peor escándalo que ha tenido que vivir la Concertación en sus 10 años de gobierno. El Presidente Frei ha manifestado que abusaron de su confianza. El Consejo de Defensa del Estado tiene denuncias presentadas en los tribunales contra el señor Alvaro García Alamos.

"Aquí no estamos frente a un tema de legalidad. El Contralor dijo que sobre el 90% de estas indemnizaciones están ajustadas a derecho, pero lo relevante son aquellas conductas éticamente reprochables de militantes que hicieron uso y abuso de cargos públicos - dice Hernández- . Y aquí el TS se equivocó, porque se transformó en un tribunal de justicia y éste es un tribunal supremo que tiene que calificar conductas".

Y agrega: "En la última Junta Nacional le dije a Ceballos: 'espero que no te tiemble la mano para hacer lo que corresponde'. Yo pensaba, derechamente, que el TS iba a sancionar en forma ejemplar al señor García Alamos, al señor Marcelo Rodríguez y al señor Artiagoitía".

Distinto es el caso de Verónica Barahona - a quien ni el fiscal Correa Sutil ni el Tribunal Supremo formulan cargos- . El Contralor dijo una y otra vez en la Comisión Investigadora de la Cámara que pagar indemnizaciones a personas en comisión de servicio es una práctica permanente y tradicional en la administración pública.

"La indemnización que Verónica Barahona recibió es absolutamente legítima. Y que este fallo, de un tribunal nuestro, la ponga en el mismo nivel respecto de los abusos que hizo Alvaro García Alamos me parece una monstruosidad", afirma Hernández.

La crisis que está viviendo la DC, como reconocen miembros de esta colectividad, arranca de la incapacidad para reconocer los errores de sus militantes y aplicar sanciones.

Nadie descarta que su timonel, Ricardo Hormazábal - de viaje en el extranjero- se despida de sus camaradas en marzo. Y no está claro qué ocurrirá si el fallo del TS es refrendado por parte del mismo tribunal.

La Junta Nacional del partido está convocada para el próximo mes. La mesa directiva podrá hacer uso entonces del voto político que facultó a la directiva para proponer al Consejo Nacional, por una sola vez y por el período estatutario que corresponda, a los integrantes del Tribunal Supremo.

Y es probable que el consejero y candidato a diputado por Estación Central, Cristián Pareto, vuelva a plantear que se modifiquen los estatutos del partido para que sea el Consejo Nacional de la DC el que decida las expulsiones de los militantes.

EL DESTINO DE LOS DESAHUCIOS MILLONARIOS

EL fallo del Tribunal Supremo de la DC escandalizó no sólo a miembros de esa colectividad, también a la derecha.

El diputado Víctor Pérez (UDI) sostiene que "no es posible considerar que quienes se autoasignaron indemnizaciones superiores a los 200 millones de pesos, que trabajaron tres o cuatro años y terminaron con esas cantidades millonarias en sus bolsillos no hayan hecho abuso de poder y no hayan cometido claras faltas éticas".

Explica que en el caso de ENAP los ejecutivos involucrados se establecieron estos beneficios en el marco de un convenio colectivo con el único propósito de eludir impuestos.

"Si estos beneficios hubieran sido entregados como beneficios individuales el tratamiento tributario hubiera sido de una determinada forma y como eso era muy oneroso optaron por el convenio colectivo. Por lo tanto, estamos hablando de personas que por sus nexos políticos lograron puestos de privilegio en empresas estatales y que usaron sus facultades en esos cargos en beneficio propio".

La única explicación posible que el diputado Pérez y otros parlamentarios opositores encuentran para este dictamen es que las personas cuestionadas hayan utilizado estos recursos para traspasar platas al partido y así financiar campañas políticas.

El presidente subrogante de la DC, Luis Pareto, aseguró al diputado Miguel Hernández (DC) que ni un solo peso de esas platas han llegado a la tesorería del partido.

Pero en la memoria colectiva permanecen hechos que mantienen abiertas algunas interrogantes.

No hay que olvidar que García Alamos fue uno de los financistas de la campaña de Eduardo Frei Montalva en 1963.

Además parlamentarios de oposición denuncian también un intenso "lobby" desplegado por militantes DC cercanos a Alvaro García Alamos - "de la vieja guardia" del partido- para evitar su expulsión.

"Sería lamentable que alguien hubiera hecho 'lobby' en ese sentido, porque aquí lo que está en juicio no es la honra de una persona, sino la credibilidad y honorabilidad de la DC", dice el diputado de esa colectividad, Miguel Hernández.

Y agrega: "No me quiero pronunciar sobre el 'lobby'. Ni siquiera lo sospecho. Pero sí me llama la atención que muchos camaradas relevantes de la DC no se hayan pronunciado ni al interior del partido ni públicamente respecto a este tema".

Estas situaciones son desestimadas en forma absoluta por el presidente del Tribunal Supremo de la DC, Florencio Ceballos. Asegura que es una infamia creer que alguien podría haberlos presionado: "Los miembros del tribunal son militantes probados, de una historia de entrega al partido, y nadie se atrevería a hacerlo".

EL VOTO DE MINORÍA

LOS DC Graciela Bórquez, Pablo Elgueta y Néstor Gutiérrez, establecen en dos páginas del fallo que aunque García Alamos estaba autorizado por el directorio para nivelar las remuneraciones tomó dos decisiones:

Aumentar su propia remuneración mensual en un 60% aproximadamente.

Crear la cláusula indemnizatoria.

Esta indemnización tan excepcional merece las siguientes observaciones por parte de Bórquez, Elgueta y Gutiérrez: "se estipula en un convenio colectivo, haciéndose aplicable a trabajadores que por ley están marginados de negociar colectivamente. La razón dada por el señor García en la audiencia está relacionada con un beneficio tributario, lo cual es contrario al interés fiscal".

Y continúa: "En el caso del señor García resultó de un monto 27 veces superior a la que le habría correspondido de aplicarse el Código del Trabajo sus topes y, como consta en varias citas del fallo, el señor García es el responsable directo del texto del convenio colectivo en cuestión. Sumado esto a las conclusiones del fiscal, especialmente respecto a lo desproporcionado del beneficio y a la falta de información oportuna al directorio, se configuran los supuestos éticos de un autocontrato".

En consecuencia, Bórquez y Elgueta votan por la sanción de "suspensión por un año" en el caso de García Alamos, en tanto Gutiérrez se pronuncia por la "eliminación de los registros de militantes". Una postura que discrepa del voto de mayoría, que para numerosos camaradas DC resulta inexplicable.




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"El Tribunal Supremo de la DC estimó que el camarada García Alamos tiene una antigua militancia y tuvo figuración en el partido en la época de Frei Montalva, sin que nunca hubiera sido objeto de sanciones disciplinarias. Ese elemento pesó muy fuerte al juzgar los antecedentes", sostiene Florencio Ceballos.
Foto:Jaime Bascur


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