REPORTAJES

Domingo 3 de Noviembre de 2002

CASOS CLAVES. Qué sucedió con ellos:
Lo que el tiempo se llevó

La mayoría de los casos de "irregularidades" en la administración pública que más consternaron a los chilenos ha terminado sin responsabilidad política, en estos últimos 12 años. Saber cuáles fueron, qué pasó en cada caso y en qué están hoy, sirve para entender la actual seguidilla de actos de corrupción que azota al gobierno.
MARIELA HERRERA Y GABRIEL PARDO

DIPRECA (1996). Un contrato en su camino

Las denuncias contra el director de la Dirección Previsional de Carabineros, el DC Carlos Nazar, por contratos ordenados sin licitación con farmacias Salco y Ópticas Place Vendome fue lo que hizo estallar el caso Dipreca. La Concertación no determinó responsabilidades políticas, a pesar de los alegatos de la oposición en contra del subsecretario de Carabineros, Luciano Fouillioux (DC).

El caso se radicó en el 12º Juzgado del Crimen de Santiago, donde fueron sometidos a proceso como coautores del delito de "negociación incompatible con el ejercicio de las funciones públicas" Nazar, el subdirector Administrativo, Oscar Moreno, y al gestionador de negocios de las empresas, Carlos Barría. Se estableció que Nazar recibió ilegalmente 30 millones de pesos, Moreno: 4 millones 600 mil, y Barría, 34 millones 600 mil pesos.

En la Cámara se estableció que ninguna otra autoridad superior conoció tales negociaciones. Nazar fue expulsado de la DC y estuvo cuatro meses en prisión. La sorpresa la dio el CDE cuando el año 2000 solicitó el procesamiento de Fouillioux, del ex superintendente de AFP, Julio Bustamante, y del ex director Carlos Nazar y la ex fiscal de Dipreca, Dora Silva, respectivamente, todos militantes de la DC, por "negociación incompatible" por una asesoría sobre gestión previsional efectuada para la Caja por la consultora Inconsa, de la cual Bustamante es su principal socio.

Hoy: Julio Bustamante es presidente de Isapre Vida Plena y socio de la empresa consultora Zhaler & Co. del decé Roberto Zhaler; Luciano Fouillioux es secretario ejecutivo del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; Carlos Nazar ejerce de abogado en su oficina ubicada en el centro. El tribunal rechazó la acción legal del CDE y se encuentra en la Corte de Apelaciones.

AULAS TECNOLÓGICAS (1996). Salas poco educadas

A fines de la década del 90 los diputados Víctor Pérez y Lily Pérez denunciaron las irregularidades que se habrían cometido por la compra de aulas tecnológicas durante el gobierno de Aylwin siendo Ministro de Educación Ricardo Lagos. Luego de investigar en una comisión ad hoc más informes de la Contraloría, llegaron a la conclusión que se habría cometido fraude al Fisco y propusieron, el año 2000, emprender acciones civiles y penales.

El asunto era que el Mineduc habría pagado un monto superior a los US$ 4 millones de sobreprecio para adquirir dichas aulas en un convenio con España. También la Contraloría habría detectado irregularidades en los contratos de equipamiento educativo que involucraron inversiones por aproximadamente US$ 13 millones con la empresa estatal española Fomento de Comercio Exterior, Focoex, los que no fueron sometidos a los controles de constitucionalidad exigidos por la ley. Un solo proveedor, Modesto Quezada Tobar, cobró en Chile más de $100 millones por sus servicios, de los cuales una parte importante se entregaron al particular Luis Oyarzún Leiva (asesor de Lagos en aquella época), en circunstancias que éste fue quien promovió la contratación del primero. "Confabulación de silencios y un cúmulo de errores" dijo la Contraloría en la investigación, lo que permitió la impunidad de los responsables y la actuación engañosa de Focoex, como de la subcontratista Eductrade.

Hoy: la Comisión investigadora concluyó que no hubo ilícitos, por siete a seis votos rechazó la posibilidad de seguir investigando pese a que la Contraloría señaló que sí hubo irregularidades.

PLATAS ITALIANAS. "Manos limpias" en Chile

A través de la operación "Marco Polo" se habría desviado un millón de dólares para financiar la campaña electoral de políticos chilenos del área socialista en 1989 que iban en un principio para organizaciones sindicales.

Los partidos socialista, radical y la CUT reconocen la ayuda italiana, pero precisan que no conocían su procedencia, esto cuando el juez italiano Vittorio Paraggio envía un exhorto a la justicia chilena. Por este motivo declara en tres ocasiones el ex embajador de Chile en Suiza Alejandro Montesino (PR), en el Primer Juzgado del Crimen de Santiago.

COPEVA (1997). Único culpable: San Isidro

Las lluvias del invierno del 97 dejaron seis mil viviendas sociales casi inservibles por el agua que se les filtraba. Las casas fueron construidas por la empresa contratista del Ministerio de Vivienda (Minvu), Copeva. De ellas dos mil eran del Serviu y habían contado con su visto bueno, pero luego del desastre acusaron a la empresa de no haber cumplido una serie de normativas.

En aquel entonces el ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, presentó una demanda civil en contra de la constructora, la que fue contestada con una contrademanda de la empresa. El mal tiempo empeoró cuando se supo que Hermosilla había recibido dos caballos corraleros de regalo en 1994 y 1996 de parte de Francisco Pérez Yoma, el dueño de Copeva. Asumió el ministerio el también decé Sergio Henríquez. Las pérdidas para el Estado se contabilizaron en 22 mil millones de pesos y las casas afectadas (también llamadas de "nylon") subieron a 44 mil.

Se nombró a un ministro en visita, Ismael Contreras, quien cerró el caso dos años después sin culpables. La Cámara también investigó, mientras la Concertación responsabilizó a la lluvia, la Alianza pidió la responsabilidad política de Hermosilla y de Henríquez, del Serviu y de la empresa constructora.

Hoy: Como positivo se sacó que se lograron cambios en las especificaciones técnicas en los contratos. Ningún culpable de las casas de "nylon". Como dato: el hombre de negocios cercano a Lagos, Jorge Awad, es el nuevo presidente de Copeva.

ABASTECIMIENTOS DEL MINSAL. Sospechoso sobrestock

El Servicio de Salud, según informe de la Contraloría General de la República, habría comprado en China una cantidad de sábanas ocho veces superior a la aprobada y 16 veces superior a la necesaria. Luego de una licitación pública, la central compró más de dos millones de sábanas y ropa china superando lo licitado y comprometiendo con ello al Fisco en US$ 39 millones. La ropa resultó ser de mala calidad y se vio un stock inmovilizado por US$ 8 millones; asimismo, se habrían omitido procedimientos legales en la adquisición de otros materiales, posteriormente vendidos sin licitación a una empresa privada, a un tercio de su valor y con pérdidas para el fisco superiores a los 80 millones de pesos.

Hoy: aparte de separar del cargo de director de la Central de Abastecimientos del Ministerio de Salud a Nibaldo López (DC), no hubo responsabilidades judiciales.

HONORARIOS ( 1999). Chiste repetido

Con antecedentes de la Contraloría en mano, los diputados Víctor Pérez (UDI) y Lily Pérez (RN) denunciaron la existencia de sueldos paralelos en la administración pública. Esto se daba por pago de honorarios, esto es, los que se autorizan mediante decreto, del cual toma razón el organismo contralor, que en su conjunto sumaban 8.000 millones de pesos, de aproximadamente 25 mil millones de pesos que fueron autorizados en la Ley de Presupuestos de ese año para cubrir los gastos por prestaciones de servicios específicos a los distintos ministerios.

Los 10 honorarios más altos pagados en 1999 sobrepasaban los 25 millones de pesos cada uno. El gobierno asumió la denuncia como una herramienta electoral que la derecha ocupaba contra la Concertación a pocos meses de las elecciones.

Algunas de las irregularidades (pero que finalmente no constituyeron la figura de delito): funcionarios de planta que desarrollaban también funciones a honorarios; sueldos que superaban lo normal y que podían vulnerar el principio de que a funciones análogas corresponden iguales retribuciones y no superiores; personas con dobles pagos por trabajos similares en igual período; y contrato de personas para que realizaran actividades que eran propias de la gente de planta de la administración pública.

Hoy: Lo positivo que sacan quienes fiscalizaron es que la Contraloría recortó 50 mil honorarios que no cumplían una serie de requisitos. Aun así, la diputada Pérez en enero recibió denuncias de dirigentes de la Anef porque presuntamente se estarían dando casos similares a los del 99. Se pidieron oficios a los ministerios en abril, junio y julio. Ninguno fue respondido. Por esto, "Pérez y Pérez" le pidieron a la Contraloría que sancionara a cuatro carteras por negarse a dar información: MOP, Mideplan, Interior y Minería.

RPC (1993). Las caras malezas de Concón

La denuncia del diputado de RN Raúl Urrutia sobre el pago de 381 millones de pesos que se le otorgó a una empresa contratista por el desmalezado del recinto exterior de la industria petrolera por parte de la Refinería Petrolífica de Concón hizo remecer a la V Región. Se sumó a la denuncia la pepedé Laura Soto. Se acusaba a las autoridades de haber desviado esos dineros a campañas DC en el período en que el Ministro de Minería era el decé Juan Hamilton (y luego contendor de la diputada).

La Concertación se negó a formar una comisión investigadora, pero el caso llegó a tribunales, primero con la jueza Beatriz Pedrals y luego con Berta Froimovich.

Se expulsó al gerente general, Marcos Vásquez, y al Secretario General, Claudio Soto, quien había sido propuesto por Hamilton y fue jefe de gabinete de Aylwin. Sale también el jefe de área de obras civiles, Alejandro Ramírez; y el inspector de desmalezado, Luis Bahamondes Bermúdez. Todo el directorio presentó la renuncia.

La justicia somete a proceso, pero en libertad bajo fianza, a Vásquez, a Soto y a los contratistas Francisco Zárate (propietario de la empresa que realizó el desmalezado), Carlos Chamorro, Jorge Mohor y Marcos Díaz.

Hoy: Ningún condenado por la justicia, la causa sigue en el 5º Juzgado del Crimen de Viña del Mar. Uno de los procesados, Vásquez falleció. Nunca se estableció hacia dónde llegaron las platas.

ESVAL (1994). Hedores del colector

En 1994, en la Empresa Sanitaria de Valparaíso (hoy en manos privadas) se detectaron irregularidades en el uso de recursos públicos durante la construcción del colector Viña del Mar-Valparaíso.

La obra experimentó varias modificaciones en los contratos, sucesivos aumentos en su costo y fue abandonada en dos oportunidades por los contratistas Consorcio Oceánico e Iseki Inc.

Tras las denuncias de los diputados Ávila (PPD) y Urrutia (RN), se investigó el pago de asesorías irregulares y manejo indebido de fondos públicos que generaron pérdidas de $13.500 millones.

El 95, en la Cámara de Diputados se creó una Comisión Investigadora que evacuó un informe de mayoría oficialista que exculpó a ministros de Estado y ex ejecutivos de la Corfo, destacando la responsabilidad que le cupo a los contratistas.

El 96, el gerente de Esval, Sergio Henríquez, y la Corfo presentaron una querella contra quienes resultaran responsables. Ese mismo año, Ávila denunció el uso de fondos de Esval en las campañas parlamentarias DC.

En cuanto a las investigaciones, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declinó procesar por defraudación al ex gerente general de Esval, Manuel Llanos (DC), y a los ex ejecutivos, Pedro Denatas, Luis Cornejo y Manuel Álvarez.

Hoy: La investigación de la Contraloría terminó con el despido de dos funcionarios de rango medio. No se indagó en niveles superiores. El nombre del fallecido Manuel Llanos figuró más tarde en el escándalo de las indemnizaciones, pues recibió 19 millones de pesos al dejar Esval.

INDAP (1999). El campo de las platas

Los recursos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario entre los años 1994 al 2000 fueron objeto de una investigación en la Cámara de Diputados, la que entregó resultados el pasado mes de marzo. Se concluyó que hubo mal uso de los recursos fiscales. Esto porque diversas organizaciones, como "Decam" y "Buscando Desarrollo" , recibían préstamos que no se utilizaron para los fines pertinentes.

Si bien la Contraloría constató esto, nunca se hizo mención a un posible uso político de los recursos, claro que desde el comienzo de la investigación parlamentaria todos los dardos apuntaban a la DC. Se concluyó que la entrega de dineros se hizo en base a información inexacta y con "reiterada discrecionalidad y falta de celo" por el director de la época (Luis Marambio Canales, DC). Pasaron sólo 24 horas de la publicación del informe para que el Presidente Lagos ordenara una reestructuración de Indap, como lo pedía la comisión investigadora. El daño al Estado se calculó en mil millones de pesos.

Hoy: Existen cuatro querellas interpuestas ante la justicia. Una es contra "Buscando Desarrollo" que tuvo como fruto que se procesara a la ex jefa del Departamento Financiero del nivel central de Indap, Alejandra Yáñez, y a tres miembros de la cooperativa: Rafael Espinoza, Vicente Correa y Sergio Alfaro. Las otras tres querellas son contra la cooperativa Decam. Aún no hay ninguna condena.

La Contraloría propuso la destitución del ex director Marambio (si bien no estaba en el cargo, eso significa no poder desempeñar cargos públicos en los próximos cinco años) y del jefe del Departamento de Servicios Financieros, Fernando González. Pero luego del sumario interno que se hizo en Indap, su actual director, Ricardo Halabí, "castigó" a González con 20% de su sueldo. Por su parte, es el Ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien debe pronunciarse sobre la ex cabeza de Indap. Hasta el momento el sumario sigue abierto y lo que sí se hizo fue retirar, en forma muy sigilosa, la postulación de Marambio al IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), quien durante el 2001 estuvo haciendo asesorías en Centroamérica.

JUNAEB (1997). Colaciones con sabor a coima

En junio de 1997 se detectaron irregularidades en los contratos de adquisición de alimentos por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

La Contraloría - a petición del Ministerio de Educación, cuya cabeza era José Pablo Arellano(DC)- identificó el pago de una cifra superior a los 5.600 millones de pesos en anticipos a concesionarios, sin ningún respaldo. "Préstamos sin intereses" que habían llegado a 29 de las 31 empresas. Dar anticipo no era ni es ilegal, según las bases, pero se entregaron en grandes cantidades y sin garantías.

Un ejemplo: Entre 1996 y 1997, la administración del director Arturo Benítez (PPD) habría contratado servicios de Alidec por 180 mil raciones que implicaban el pago de 90 millones de pesos; sin embargo, canceló 338 millones.

Tras la denuncia, Benítez y el jefe de finanzas, César Rioseco, renunciaron. Meses después, la Contraloría concluyó que ambos debían ser destituidos (ya no estaban, claro), y que dos funcionarios pagarían una multa de 20% y 5% de su sueldo mensual, y un tercero sería "censurado". Eso en la responsabilidad administrativa.

De la responsabilidad políticas se ocupó la Cámara y, finalmente, no hubo culpables. Cuando se desató el escándalo, versiones de pasillo decían que Benítez anticipó poco más de mil 500 millones de pesos a la concesionaria Alidec, propiedad de Pedro Moreira (PS), justo antes de las elecciones parlamentarias del 97, para que el presidente del PS Camilo Escalona financiara parte de su campaña a senador.

Hoy: La causa está en el 6º Juzgado del Crimen, de Santiago y aún se mantiene sin resolución la investigación sumaria por dos querellas.

INDEMNIZACIONES (2000). A todo evento y sin tope

Un total de 33 mil millones de pesos en indemnizaciones para 875 personas fue el resultado de las denuncias sobre convenientes contratos en las empresas públicas para sus altos funcionarios. Asombraron contratos con indemnizaciones sin tope en los montos y a todo evento. El caso de Enap fue paradigmático: quien fuera su gerente general, Alvaro García Álamos, se llevó 171 millones 727 de pesos por cinco años de servicio; el secretario general, Marcelo Rodríguez, recibió 41 millones 78 mil 275 pesos. Estos dos decé fueron expulsados de sus partidos. Otras empresas con similar situación fueron Correos, Enami y Ferrocarriles.

Se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, la que finalmente no precisó responsabilidades políticas.

Más que ilegal, el problema fue de ética. En la oportunidad, Lagos señaló que quienes se quisieran quedar con las platas debían irse de la administración pública; los que no, se quedaban, pero renunciaban al millonario "derecho".

La oposición pidió ministro en visita, lo que no se concretó. Pero se querellaron los diputados Lily Pérez y Baldo Prokurica contra García y Rodríguez por lo que se nombró un ministro de fuero: el juez Juan Guzmán, quien se inhabilitó.

Hoy: La causa está radicada en el 17º Juzgado del Crimen, a la que se sumó el CDE. Nadie está procesado ni condenado.

EMPREMAR (1994). Una de las pocas excepciones

La ex empresa marítima estatal (en manos privadas desde 1996) enfrentó acusaciones por el accionar de algunos de sus ejecutivos, quienes arrendaban naves ofreciendo determinadas características que permitían habilitarlas para un tipo de transporte... Pero las naves eran de una calidad inferior, provocando una incongruencia entre los pagos y los resultados. La denuncia, hecha por la senadora Evelyn Matthei, apuntaba a los malos manejos entre un contrato de Empremar con la peruana Seminsa. La Comisión Investigadora de la Cámara concluyó que los malos manejos significaron una pérdida fiscal de 495 millones de pesos.

Cuando los ejecutivos involucrados salieron de sus cargos recibieron millonarias indemnizaciones.

Hoy: Ocho años después, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gonzalo Morales, condenó al ex gerente general Patricio Vidal a seis años de presidio mayor en su grado mínimo como "autor de delitos reiterados de fraude al Estado". Además se lo obliga a cancelar 168 millones de pesos y se le inhabilita a perpetuidad para cargos públicos. El ex gerente de Servicios Especiales, Heriberto Guerra, recibe pena de cuatro años por fraude al fisco y cohecho; y Alexis Ramírez, ex broker de la naviera, es condenado a 300 días de presidio por cohecho. La causa fue apelada y figura en tabla.

CORREA BULO (2001). Corte Suprema expulsa a uno de los suyos

El tráfico de influencias fue la falta a la ética y a la probidad judicial que desecadenó la destitución de un ministro de la Corte Suprema.

En mayo de 2000, la ex ministra Gloria Olivares (destituida por faltas a la probidad) acusó al ministro del máximo tribunal, Luis Correa Bulo, de haber viajado a Cuba en compañía de Mario Valenzuela, un abogado excarcelador de narcotraficantes, quien habría pagado el viaje. Luego, la jueza de Colina, María Inés Collin, lo acusó de favorecer en un juicio a un ciudadano francés defendido por el abogado Andrés Donoso.

Diputados de la Alianza presentaron una acusación constitucional en su contra, la que fue rechazada.

Finalmente, la Comisión de Ética del Poder Judicial acusó al magistrado de actuaciones inadecuadas en relación con el proceso contra su hermana Gilda por venta ilegal de fármacos y de la causa que enfrentaba a un particular con el Servicio de Impuestos Internos. Además, se le sancionó por inhabilitaciones tardías en casos en los que tenía vínculos con los abogados litigantes.

Fue destituido del Poder Judicial el 20 de abril 2001, en una resolución inédita, puesto que fue la primera vez que el alto tribunal expulsa a uno de sus miembros.

Hoy: Correa Bulo no recibió indemnización alguna. Actualmente da clases de derecho en dos universidades y en la Escuela de Investigaciones de Chile. Se dedica a escribir sus memorias. La destituida ministra Gloria Olivares hoy trabaja como abogada en la Fiscalía anti delincuencia de la Municipalidad de Providencia.

TRIBASA (2000). Concesión de dineros

El gigante mexicano Tribasa ganó tres concesiones de carreteras, pero el tequilazo fue más fuerte y la constructora terminó por vender dos y una tercera la tomó Bancomex.

¿Qué pasó? No cumplieron con los plazos ni con las condiciones técnicas que se habían acordado con el MOP. Lo más grave ocurrió en la demora del tramo Santiago Los Vilos.

Cuando se investigó el tema se puso en duda el criterio con que el MOP le había entregado la concesión a los mexicanos, pero nunca se comprobó nada en contra del director de concesiones, Carlos Cruz ni contra el primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, quien se desempeñaba también en aquella repartición.

El director general de Obras Públicas de la época, Eduardo Arriagada, le restó dramatismo a las acusaciones.

Hoy: Existe un sumario en Contraloría para analizar la actuación del MOP. Cuando el abogado a cargo lo finalizó le ordenaron desde la cartera reabrir el sumario y retirar los cargos contra Matías de la Fuente y Miguel Romero Haller, pues se argumentó que ambos habían renunciado al MOP antes de la apertura del sumario, por lo que su responsabilidad administrativa estaría extinguida. De la Fuente hoy se desempeña como jefe de gabinete del Presidente Lagos.

CODELCO (1993). Dávila apuesta al futuro

El jefe del departamento de mercados a futuro de Codelco, Juan Pablo Dávila, realizó a fines de 1993 y comienzos de 1994 transacciones que le significaron a la minera estatal una merma de 207 millones de dólares, transformándose en el escándalo de corrupción más bullado durante la administración de Patricio Aylwin y el mayor fraude al fisco en su historia.

Junto con las millonarias pérdidas, Dávila fue acusado de organizar un intrincado sistema de comisiones a cambio de información estratégica sobre los movimientos de la corporación. Producto de ambos ilícitos, fue acusado de fraude al fisco, negociación incompatible y presentación de documentación falsa en juicio criminal y finalmente la Corte Suprema lo condenó - en septiembre de 1997- a tres años de presidio y a pagar el 100% de los tributos que había evadido, que se estimó en 133 millones de pesos.

En Codelco, el caso generó la renuncia del presidente ejecutivo, Alejandro Noemi (DC); del vicepresidente de Comercialización, Gonzalo Trivelli (DC); del gerente de Ventas, Owen Guerrini, y del subgerente del área, Carlos Derpsch.

Algunos de ellos fueron indemnizados tras su renuncia (Guerrini recibió 29 millones de pesos; Derpsch, 91 millones; Trivelli - sobrino político de Patricio Aylwin- , 24 millones) y sus nombres volvieron a figurar cuando estalló el escándalo de las indemnizaciones. Fueron procesados y detenidos en libre plática, pero obtuvieron su libertad: Guerrini, Derpsch, Trivelli.

Hoy: Juan Pablo Dávila salió de la cárcel en 2000, tras cumplir su condena. Está convertido al adventismo y da clases en una universidad y en colegios rurales. No se configuraron responsabilidades políticas.

CONADI (2001). Recursos bajo tierra

Desde su creación, en 1993, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ha sido cuestionada por la falta de eficacia de sus políticas, por sospechosos manejos de recursos y por la compra, venta irregular de tierras para mapuches.

Ya en 1997 fue destituida la plana mayor del organismo - cuyo director era Mauricio Huenchulaf (PPD)- al descubrirse malos manejos administrativos y oscuras entregas de viáticos. El ministro de Mideplan era Roberto Pizarro.

Otro escándalo se destapó en mayo de 2001 con una investigación por presunto fraude, malversación, coimas y uso indebido de información privilegiada en la que aparecían involucrados dos funcionarios de la corporación.

A raíz de la denuncia interpuesta ante el tribunal de garantía de Temuco por la fiscal subrogante de Conadi, Andrea Reyes, se identificó al ex asesor jurídico del Fondo de Tierras y Aguas, Ricardo Aravena, y al encargado de esa unidad, Patricio Sanzana - responsables de la adquisición de terrenos- como supuestos involucrados en ilícitos realizados entre 1998 y 2000, en concomitancia con sus propietarios y corredores de propiedades.

Asimismo, la ministra de Planificación en esa fecha, Alejandra Krauss, expuso los antecedentes en la Contraloría General y en el Consejo de Defensa del Estado e instruyó un sumario administrativo interno en la corporación.

La polémica en torno al organismo se acrecentó tras la renuncia - en marzo del 2002- del Director de la Corporación, Edgardo Lienlaf (DC), quien dio a conocer un documento que denunciaba la adquisición irregular de tierras en las que estarían involucrados militantes del PPD, PS y PRSD.

Aunque el expediente de Contraloría sobre el caso denunciado por Andrea Reyes ratificó que no hubo irregularidades en las compras y ventas de predios, la investigación estableció que el ex abogado de la institución indígena, Ricardo Aravena, intentó pactar con particulares honorarios por más de 140 millones de pesos para concretar transacciones.

Hoy: Debido a la vigencia de la Reforma Procesal Penal en la IX región, las investigaciones judiciales respecto de casos de compra de terrenos se dividen en la Fiscalía Regional de Temuco y el 1er. Juzgado del Crimen de Temuco. En la Fiscalía al único que se le formularon cargos fue a Aravena y en el juzgado la investigación está en estado de sumario. La Conadi está embarcada en una restructuración de la plana ejecutiva a cargo de su nuevo director, Aroldo Cayún.



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Si bien no hubo condenados en este caso, lo positivo, dicen, es que se lograron cambios de las especificaciones técnicas en los contratos.
Si bien no hubo condenados en este caso, lo positivo, dicen, es que se lograron cambios de las especificaciones técnicas en los contratos.
Foto:José Luis Rissetti


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