EDITORIAL

Miércoles 16 de Enero de 2002


Responsabilidad del Estado

En mayo de 1995 el país se horrorizó con la tragedia vial ocurrida en el estero Minte, a siete kilómetros de Puerto Varas, en la carretera que conduce a Ensenada, a un costado del lago Llanquihue, que costó la vida a 27 personas que cayeron en siete vehículos a un socavón al colapsar un terraplén del camino en medio de intensas lluvias que taparon una alcantarilla. Surgieron de inmediato opiniones discrepantes respecto del eventual responsable de la desgracia. Algunos parlamentarios exigieron que se realizara una exhaustiva investigación, mientras los vecinos del sector denunciaron la ausencia total de mantención de la ruta, de limpieza de los canales circundantes y de los ductos que atraviesan la carretera.

A la sazón se desempeñaba como ministro de Obras Públicas el actual Presidente de la República, Ricardo Lagos, quien descartó cualquier negligencia del ministerio a su cargo y afirmó que la desgracia se había producido por el socavamiento en el terreno bajo la alcantarilla que permitía el paso del agua del estero. Debido al temporal, habían caído árboles, tierra y piedras que taparon el ducto, lo que causó el colapso de la vía. Años después un caso similar al chileno ocurrió en Castelo de Paiva, en Portugal, cuando se desplomó un puente de 116 años de antigüedad que causó la muerte de 70 personas, motivando la inmediata renuncia del ministro de Obras Públicas Jorge Coelho.

En octubre de 1995 los abogados de los familiares de las víctimas iniciaron ante el Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt una demanda civil contra el Estado por cinco mil 200 millones de pesos por fallas en el diseño de la vía y ausencia de mantención de la alcantarilla, fundamentada en la "responsabilidad de la Administración por falta de servicio", contemplada en la Constitución y en la Ley de Bases de la Administración del Estado.

Transcurrieron cuatro años y la jueza del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt dictaminó, en primera instancia, que el Estado tenía responsabilidad en los hechos, y lo condenó a pagar tres mil 674 millones de pesos como indemnización a los demandantes. Los familiares de las víctimas y el Consejo de Defensa apelaron, y el proceso continuó. En septiembre del año pasado la jueza María Eugenia Concha renunció a su cargo a raíz de denuncias formuladas en su contra ante la Comisión de Ética por el Consejo de Defensa del Estado, que la acusó de haber ordenado los peritajes realizados en el caso del estero a un ingeniero civil que tenía relaciones comerciales con ella.

Pero antes del pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, el Consejo de Defensa del Estado llegó a un acuerdo con 22 familias de las víctimas de la tragedia, en virtud del cual el fisco les pagará una indemnización de mil 200 millones de pesos. Si bien el avenimiento entre las partes pone fin al litigio, surgen de inmediato los interrogantes acerca de la certeza de los planteamientos del Estado. Se ha hecho justicia, pero casi siete años después del accidente, y los familiares recibirán la tercera parte del monto que se había sentenciado en primera instancia.




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