EDITORIAL

Miércoles 11 de Octubre de 2000


¿Qué Es una Constitución Democrática?

Hace algunas semanas el contraalmirante (r) Sergio Cabezas Dufeu se preguntaba, en la página de opinión de este diario, en qué consistía una Constitución democrática. Antes, quizá, debió preguntarse qué es una Constitución.

Desde que las grandes revoluciones, americana y francesa, del siglo XVIII cierran el ciclo del llamado "Ancién Rgime", existe una sola manera de entender qué es propiamente una Constitución en el mundo occidental, más allá de las diversas teorías que los constitucionalistas han esbozado para explicar el fenómeno constitucional. Y una Constitución es el instrumento jurídico fundamental destinado a garantizar la libertad de los ciudadanos. La garantía de la libertad no se expresa sólo en la estipulación de una carta de libertades o de un catálogo de derechos, pero sin duda la consideración de los derechos forma parte indispensable de una Constitución, en la medida en que el orden constitucional se establece para asegurar la dignidad y la autonomía de los individuos.

Pero tanto o más esencial que el reconocimiento y promoción de los derechos en la Carta Fundamental, es - como ha advertido sagazmente Hanah Arendt en sus escritos- el establecimiento de un "Instrument of Government" para la libertad; esto es, una estructura de distribución del poder que, en lugar de impedir, entorpecer o hacer inviable el ejercicio virtuoso de la política, permita consolidar con sentido de permanencia una profunda adhesión de la ciudadanía a la Carta de la Libertad.

Una Constitución no es ni puede ser el instrumento ideado por una minoría iluminada, convencida de que sus conciudadanos no están maduros para ejercer a plenitud sus derechos políticos y que maquina instrumentos destinados a controlarla, a manipularla o a mantenerla bajo un permanente régimen de sospecha.

Un régimen constitucional aspira a que los individuos desarrollen su autonomía ampliamente, y eso implica garantizarles, además de sus libertades económicas, su libertad para adherir a concepciones morales o políticas diferentes a las proclamadas por el detentador del poder. La Constitución debe asegurar, por tanto, como de algún modo lo recoge la proclamación del derecho a la educación en la Carta de 1980, el pleno desarrollo de la personalidad de los individuos.

La democracia, como el más aceptado método de decisión por la mayoría, es la manifestación más palpable del ejercicio de la autonomía de los ciudadanos, y se expresa a través de su igual consideración y trato en la estructura del Estado para generar la voluntad de sus órganos de representación.

Por esa razón, las constituciones otorgadas, aun mediando plebiscitos, tienen tan poca estabilidad. Ellas han sido las preferidas de las llamadas democracias plebiscitarias desde Napoleón III, quien a través de este método se hizo coronar emperador de los franceses, y de las democracias populares o nacionalistas. Sabemos cuáles han sido sus consecuencias.

Debemos convencernos, entonces, porque ya es una necesidad para este país, de que estas constituciones "fórceps o camisas de fuerza" son expresión de la más absoluta inseguridad; es decir, generan el efecto precisamente contrario a aquel que el Estado Constitucional de Derecho quiso instaurar para dar estabilidad a las relaciones jurídicas y favorecer los negocios, la libre circulación y la industria.

El equilibrio de poderes en el Estado constitucional no puede situar a las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, porque si bien en el Estado Constitucional se instituyeron para ser utilizadas en defensa de las libertades de los ciudadanos, ese papel deben cumplirlo supeditadas a un poder civil legitimado por el pueblo para ejercer los poderes constituidos. Por eso, jamás quienes detentan las armas pueden pretender asumir un papel activo de deliberación, como el que les permite la actual configuración del Consejo de Seguridad Nacional.

La Constitución de 1791, en Francia, fue muy clara respecto de esto, y sus términos fueron transcritos casi literalmente por la Constitución de Cádiz que, a su vez, inspiró al constitucionalismo americano y chileno.

Se comprende que ocupando el rey en el siglo XVIII la posición de cabeza del Ejecutivo, se quería evitar que la fuerza pública estuviera a su exclusivo servicio. El mismo, por lo demás, debía someterse a la Constitución.

Pretender, en pleno siglo XXI, una posición distinta de las Fuerzas Armadas en el Estado es no comprender el profundo cambio que el constitucionalismo introduce en la historia de la humanidad.

Un cambio que está inspirado en el deseo de seguridad de los ciudadanos de que sus libertades van a ser respetadas, de que no se hará un uso discrecional de la fuerza y de que la propia fuerza pública, como la forma misma de ejercicio del poder, está supeditada al Derecho.

No son las Fuerzas Armadas un poder del Estado. Una Constitución que admitiera una tal consideración, aunque sea para mantener los "necesarios equilibrios de poder", a que hace referencia el contraalmirante, dejaría de ser una Constitución democrática.

Por lo tanto, es indispensable que se entregue al Presidente de la República la facultad para remover a los comandantes en Jefe de las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas, sin intervención del Consejo de Seguridad Nacional, y que se elimine la atribución a este Consejo de "hacer presente" su opinión a los poderes democráticamente constituidos (Presidente de la República y Congreso Nacional) y al Tribunal Constitucional cuando a su juicio algún hecho, acto o materia atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional.

Esta última atribución fue entregada por el Constituyente de 1980 a las Fuerzas Armadas tomando en consideración la llamada doctrina del "poder neutro", elaborada históricamente para justificar la posición moderadora del rey en las monarquías constitucionales. Nada tiene, entonces, que hacer una disposición semejante en una Constitución democrática, y si en este país se admitiera la doctrina aplicada en Alemania o en Portugal sobre disposiciones constitucionales inconstitucionales, sería posible que un tribunal constitucional, con competencias para ello, así lo declarara.

Nada puede haber más peligroso para una democracia que atribuir a la fuerza pública la moderación del conflicto político. Desde el punto de vista constitucional, sería simplemente el perfecto mundo al revés.

Christian Suárez Crothers
Profesor de Derecho Constitucional
Universidad de Talca




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Nada puede haber más peligroso para una democracia que atribuir a la fuerza pública la moderación del conflicto político.
Nada puede haber más peligroso para una democracia que atribuir a la fuerza pública la moderación del conflicto político.
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