PORTADA

Jueves 5 de Agosto de 1999

Proceso del Ministro Juan Guzmán:
Hallazgo de Restos Activaría Aplicación de la Amnistía

Acreditada legalmente muerte de tres supuestos secuestrados por comitiva militar de 1973 en Cauquenes podría obligar a aplicar el decreto-ley.
Tres cadáveres fueron exhumados ayer desde una fosa común en el cementerio municipal de Cauquenes, en presencia del ministro de fuero Juan Guzmán Tapia y de peritos del Servicio Médico Legal (SML), ordenándose la inmediata identificación de los restos, los que podrían corresponder a tres ejecutados por la comitiva militar de 1973, que hasta la fecha permanecen desaparecidos.

De confirmarse las identidades, el magistrado podría verse obligado a cambiar los actuales procesamientos en esos casos de secuestro calificado por el de secuestro con resultado de muerte, lo que redundaría en la aplicación de la Ley de Amnistía.

Al no ser ubicados estos tres cuerpos, más otros 13 en Calama y otros tres en Copiapó, el ministro Guzmán sometió a proceso a cinco ex oficiales de Ejército, entre ellos el general (r) Sergio Arellano Stark, por el delito de secuestro calificado.

Por tratarse de una figura penal de ejecución permanente, el magistrado no aplicó entonces el decreto-ley de amnistía, por estimar que el secuestro continúa perpetrándose mientras no se certifique legalmente la muerte de las víctimas, excediendo así el período de esa norma legal.

Este criterio del ministro Guzmán fue respaldado tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago como por la Corte Suprema, al rechazarse por unanimidad en ambas instancias los recursos de amparo con que los defensores de los ex militares intentaron impugnar los procesamientos.

El accionar del Poder Judicial en relación a procesos seguidos contra uniformados en servicio activo y en retiro, por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar - en especial el caso de la comitiva de 1973- , ha desencadenado gran inquietud en las Fuerzas Armadas, al no aplicarse de acuerdo a su interpretación el decreto-ley de amnistía.

Esta molestia castrense abrió la posibilidad de establecer una mesa de diálogo para buscar una fórmula destinada a resolver esta delicada situación.

Sin embargo, en el evento de que la individualización que realice el SML sea positiva, este hallazgo de Cauquenes tendría importantes consecuencias para los cuatros ex oficiales sometidos a proceso por el secuestro calificado de los jóvenes Pablo Vera Torres, Miguel Muñoz Flores (ambos socialistas) y Manuel Plaza Arellano, a quienes se presume corresponden los restos exhumados ayer, por cuanto cambiaría la tipificación del delito por el de secuestro con resultado de muerte.

El quinto oficial procesado en esta causa es el coronel (r) Patricio Díaz, pero a él sólo se le atribuye el secuestro calificado de tres personas en Copiapó.

La modificación del tipo penal se produciría al acreditarse legalmente la muerte de los secuestrados y haberse hallado los cuerpos con posterioridad, tal como ocurrió con 13 de los 26 fusilados en Calama, cuyos restos fueron ubicados en 1992 e identificados en 1995, para luego ser entregados a los familiares para su sepultura.

Con el cambio de la figura delictiva y siguiendo el criterio empleado por el ministro Guzmán al dictar los procesamientos por secuestro calificado, resolución en que también aplicó el decreto-ley de amnistía para los delitos de homicidio calificado, secuestro con resultado de muerte, asociación ilícita e inhumación ilegal, por haberse perpetrado, consumado y agotado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1978, nuevamente tendría que hacer uso de esta normativa en relación a los tres secuestros de Cauquenes, revocándose los procesamientos.

En ese dictamen se benefició con la amnistía a los ex oficiales Armando Fernández Larios, Juan Chiminelli Fullerton, Juan Zanzani Tapia, Carlos Forestier Haensgen y Marcos Herrera Aracena, inculpados por los sucesos de Calama, La Serena, Copiapó y Cauquenes.

En tanto, por los crímenes de Cauquenes, el ministro Guzmán podría aplicar a futuro la amnistía en favor del general (r) Sergio Arellano Stark, del brigadier (r) Pedro Espinoza y de los coroneles (r) Marcelo Moren Brito y Sergio Arredondo.

En el caso de Espinoza y Arredondo, de concretarse la anulación de su encausamiento, quedarían fuera del proceso global contra la comitiva, ya que sólo están vinculados a los secuestros de Cauquenes.

De hecho el abogado de Espinoza, Jorge Balmaceda, quien viajó ayer a Cauquenes para recopilar más antecedentes sobre estos hechos, anunció que solicitará que se revoque el procesamiento por secuestro calificado y se aplique el decreto-ley de amnistía y la prescripción de la acción penal.

Según el "Informe Rettig" los jóvenes de Cauquenes, junto a Claudio Lavín, fueron conducidos desde el Cuartel de Investigaciones de esa localidad hasta el fundo El Oriente, donde fueron ejecutados.

En el marco del viaje del ministro Guzmán a Cauquenes, también fueron retirados de su sepultura los restos de Claudio Lavín Loyola, primo del candidato presidencial Joaquín Lavin, a fin de dar cumplimiento a las diligencias dispuestas por la Sala Penal de la Corte Suprema para esclarecer las circunstancias en que se produjo esta muerte, en octubre de 1973.

La diligencia cumplida en el camposanto por el ministro Guzmán duró treinta minutos. Seguidamente el magistrado se dirigió al cuartel de Investigaciones para interrogar al panteonero Alamiro Fuentes y al médico legista de la época, Mario Muñoz.

PENDIENTE APELACION


La Corte Suprema podría escuchar hoy los alegatos de los abogados querellantes Hugo Gutiérrez y Eduardo Contreras, en el marco de un recurso de apelación presentado en contra del auto de procesamiento dictado por el ministro Guzmán, por cuanto aplicó la amnistía para los delitos de homicidio calificado, secuestro con resultado de muerte, asociación ilícita e inhumación ilegal.

A juicio de los profesionales, estos crímenes - que el magistrado considera acreditados, pero consumados dentro del período de la amnistía- son inamnistiables e imprescriptibles, de acuerdo a los Convenios de Ginebra para Estados de Guerra, vigentes en Chile desde 1951.

Este planteamiento cuenta con el respaldo de una resolución de la Sala Penal del máximo tribunal, de septiembre pasado, en que determinó aplicar dichas normas internacionales para el lapso que cubre el decreto-ley de amnistía de 1978, estableciendo que el Estado chileno no puede disponer medidas para "amparar los agravios cometidos" o "lograr la impunidad de sus autores".

El dictamen aludido se emitió en el proceso por la desaparación del mirista Enrique Poblete Córdoba, ocurrida en 1974, al resolverse que para hacer uso de la amnistía, al menos debe estar determinada la persona que se beneficiará con dicha normativa.

APOYO A FAMILIARES

En tanto, la mesa de diálogo impulsada por el Ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, generó una discrepancia entre las abogadas Carmen Hertz y Pamela Pereira, quien hasta ayer patrocinaba a la primera en el proceso por la comitiva en relación a los sucesos de Calama.

La disposición de Pamela Pereira, militante del Partido Socialista, a participar en esta instancia fue cuestionada por Carmen Hertz, por cuanto consideró que sólo en los tribunales de justicia es posible esclarecer estos crímenes y no en otras esferas.

Con ello Hertz respaldó la decisión preliminar de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de restarse a esta convocatoria, como también a la cita que tenía hoy en La Moneda con los ministros Secretario General de la Presidencia, José Miguel Insulza, y de Gobierno, Carlos Mladinic.

A este apoyo se sumaron los demás abogados querellantes: Alfonso Insunza, Hugo Gutiérrez, Eduardo Contreras, Boris Paredes e Hiram Villagra.




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