NACIONAL

Jueves 18 de Julio de 2002

NUEVO CONTRALOR / La Moneda en aprietos:
Gobierno tentado a politizar la sucesión

Al subcontralor Jorge Reyes le correspondería asumir el cargo, pero no cuenta con la aprobación del Ejecutivo. Y éste tiene dificultades para encontrar un candidato de su entera confianza.
EUGENIO DROGUETT FIERRO

Tres temas han preocupado a Arturo Aylwin en los últimos meses de su gestión: el retardo de la aprobación de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República; que la designación de su sucesor no se tiñera de colores políticos, y dejar sus funciones el 1 de agosto, aunque el plazo legal se extiende hasta el 12, día en que cumple los 75 años.

Hoy verá cumplida su primera aspiración, cuando el Presidente Lagos promulgue al mediodía, en la propia Contraloría, las modificaciones a la Ley 10.336.

Pero su segundo deseo está naufragando, porque su sucesión se ha politizado.

La negociación política está en su apogeo. La UDI cerró filas en torno al actual subcontralor Jorge Reyes. RN, en cambio, no es tan reacia a apoyar a un candidato "externo" a la entidad si recibe una justificación satisfactoria del Gobierno. Y en la Concertación, la manija quedó en poder del ministro del Interior, José Miguel Insulza, encargado de "sondear" a los posibles sucesores.

Y como no hay acuerdo ni decisión tomada, Arturo Aylwin no podrá abandonar sus funciones con un par de semanas de anticipación.

Tradición en serio riesgo

Desde que el Decreto con Fuerza de Ley N º 400-bis del 26 de marzo de 1927 creó este organismo fiscalizador, durante la administración del Presidente Emiliano Figueroa, la tradición ha marcado la sucesión del Contralor, recayendo siempre en un funcionario de carrera.

La excepción la constituyó el actual senador institucional Sergio Fernández Fernández, quien en el gobierno militar ocupó el puesto entre el 1 de enero de 1978 y el 11 de abril del mismo año, designado por el general Augusto Pinochet, tras la negativa de Héctor Humeres a firmar el oficio que autorizaba la realización de la Consulta Nacional, lo cual lo llevó a renunciar.

Enrique Silva Cimma, también senador institucional, ex Canciller del gobierno de Patricio Aylwin, constituye un ejemplo notable de esta tradición. Personalmente convenció al Presidente Gabriel González Videla para que no lo nominara en vez de Enrique Bahamonde Ruiz, quien le antecedía en la línea de sucesión.

Fue el Presidente Jorge Alessandri quien lo puso a la cabeza del organismo fiscalizador el 15 de mayo de 1959. Y permaneció allí hasta el 31 de enero de 1967, el período más largo de su historia.

Enrique Silva Cimma también se ha mostrado partidario de respetar la tradición.

La actual Constitución señala en el capítulo IX, artículo 87, que el "Contralor será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, será inamovible en su cargo y cesará en él al cumplir 75 años de edad".

Y es en este contexto de tradición republicana, de la importancia de la independencia y de la autonomía del ente fiscalizador, que la designación del nuevo contralor representa un problema para La Moneda.

No quiere aparecer politizando el nombramiento del Contralor, pero tampoco está dispuesta a aceptar el nombramiento del segundo de a bordo. Jorge Reyes, de 73 años y 40 de carrera, nunca ha asumido una postura política, pero el Gobierno lo encasilla en una línea conservadora, supuestamente ligado al gremialismo, porque su hijo abogado, del mismo nombre, asesora al senador UDI Carlos Bombal.

También disgusta a La Moneda el papel que habría jugado Reyes en informes lapidarios emanados de la Contraloría respecto de irregularidades que se habrían producido en el Ministerio de Educación, con las denominadas "aulas tecnológicas", cuando el Presidente Lagos encabezaba dicha cartera.

Dicho informe fue enviado al Consejo de Defensa del Estado para que ejerciera las acciones penales correspondientes, las que nunca se hicieron efectivas.

Las irregularidades - que fueron investigadas también por una comisión de la Cámara de Diputados que tampoco arribó a un acuerdo en su informe final- se habrían cometido en la administración de un crédito español, que provocó la pérdida de más de 4 millones de dólares al erario.

Se arguye también en su contra, que Reyes se habría visto envuelto en una denuncia de funcionarios exonerados de la Contraloría, que afectó a la plana mayor de la entidad, y en una disputa entre dos universidades privadas, una de las cuales no quedó conforme con el dictamen de la Contraloría y le atribuyó ingerencia indebida al subcontralor.

Este último caso fue investigado por dos administraciones de la Contraloría y ambas concluyeron la nula ingerencia de Reyes.

¿Qué juega a su favor? Que le restan dos años y Lagos podría terminar su administración con alguien de su confianza.

Sucesión de nombres...

Y tampoco le está resultando fácil romper con la tradición al Gobierno, porque varios nombres que han sido tirados sobre la mesa para suceder a Aylwin no han prosperado.

Es el caso del director del Proyecto de Modernización del Estado, el PPD Angel Flisfisch. Este ex subsecretario de Marina y Aviación, ex jefe de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones y subsecretario general de la Presidencia bajo Frei, redactó varias iniciativas que dieron origen a la ley sobre probidad y transparencia pública. En su contra jugarían razones personales.

En un momento apareció como un excelente nombre, que nadie podría objetar como una politización del máximo organismo fiscalizador, el de Luis Bates. Este abogado, académico, jurista y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, parecía ideal para romper con la obligación de designar a Reyes. Pero su candidatura fue eliminada luego de hacerse parte en contra del Estado de Chile, en el juicio de Telefónica por la fijación de tarifas.

Insulza también ha barajado el nombre del abogado PS Francisco Fernández, quien fue director del Servicio Nacional del Consumidor y actualmente a cargo de la Defensoría Ciudadana.

Fernández es la carta más seria para suceder a Aylwin si La Moneda opta por romper con la tradición que defiende el senador Silva Cimma. Pero midiendo costos y beneficios, el Ejecutivo estaría más inclinado a elegir a un hombre de la casa, que no sea Reyes, invocando la facultad que le da la Constitución al Presidente para "designar" al Contralor.

Y en este contexto, cobra importancia el nombre del tercero de a bordo, Gustavo Sciolla, jefe del Departamento de Toma de Razón y Registro, funcionario del organismo hace 45 años. Cercano a la DC, la edad también juega a su favor (71 años), pero no cuenta con el visto bueno de la oposición, cuyo sí es importante, dado que empata al oficialismo en el Senado. Según versiones internas, él mismo Sciolla habría rechazado el ofrecimiento del Ejecutivo, pero sólo en primera instancia.

También entra a lidear con fuerza la cuarta antigüedad del organismo, la fiscal Noemí Rojas.

Fue Aylwin quien la designó en su actual cargo y la única candidata mujer que se menciona hasta el momento.

En la UDI, donde no pierden la esperanza de que La Moneda recapitule y acepte el ascenso de Reyes, señalan que vetarlo significa impedir que las instituciones funcionen y generar un poder contralor que no fiscalice, tal como ha ocurrido con el Consejo de Defensa del Estado, el que consideran se ha entregado al Ejecutivo.

Al interior de la Contraloría la preocupación gira en torno a la politización del ente fiscalizador, que asuma un profesional que no sea idóneo para el cargo o que desconozca el derecho administrativo.

Controversia por facultad de insistencia

PILAR MOLINA A.

Luz Bulnes deja el Tribunal Constitucional el 11 de agosto. Antes de retirarse, fue el único voto que no aprobó la ley que modifica la ley orgánica constitucional (Nº 10.336) de la Contraloría, vigente desde 1964, por considerar uno de sus artículos, "abiertamente inconstitucional".

Según se desprende, la jurista consideró que las modificaciones habían devuelto al Presidente una facultad que la Constitución del 80 le eliminó, la de insistir en darle curso a un decreto, con la firma de todos sus ministros, aunque la Contraloría le represente su inconstitucionalidad.

El Presidente tenía esa facultad en la Constitución del 25 , que también le reconocía la ley orgánica constitucional ahora modificada, pero se la suprimió la Constitución del 80, dejándole el artículo 88, sólo la posibilidad de insistir frente a decretos o resoluciones "ilegales".

Con los cambios - según el alegato de la jurista- , el Ejecutivo podrá exigir a la Contraloría que le dé curso ya no sólo a los decretos ilegales, sino que también a los inconstitucionales. El Primer Mandatario, en el último caso, ya no estará obligado a recurrir al Tribunal Constitucional, como establece la Constitución si el Presidente no se "conforma con la representación (de inconstitucionalidad) de la Contraloría". Le bastará con insistir.

El resto de los miembros del tribunal (Juan Colombo, Eugenio Valenzuela, Juan Agustín Figueroa, Marcos Libedinsky y Eleodoro Ortiz) aprobó el nuevo cuerpo legal argumentando, en cambio, que la insistencia del Jefe de Estado no procede frente a un decreto o resolución inconstitucional, según lo dispone el mismo artículo 88 de la Constitución.




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El contralor Arturo Aylwin cumple los 75 años el 12 de agosto .
El contralor Arturo Aylwin cumple los 75 años el 12 de agosto .
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