NACIONAL

Sábado 8 de Marzo de 2008

Ayer ingresó al Congreso el libelo de 109 páginas, presentado por la Alianza:
Cinco cargos acusatorios intentarán destituir a la ministra Yasna Provoste

El argumento central se sustenta en que la secretaria de Estado habría dejado leyes sin ejecutar, pese a saber de las anomalías.

BRUNO EBNER

A las 18.35 horas de ayer ingresó en la secretaría de la Cámara de Diputados, en Valparaíso, la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Yasna Provoste.

La redacción estuvo a cargo de un equipo de juristas de la Alianza y sus institutos (ver perfiles).

En la mañana se hicieron los últimos retoques al texto, el que fue firmado al mediodía por los diputados RN Mario Bertolino, Germán Becker, René García, Rosauro Martínez, Alfonso Vargas, y los UDI José Antonio Kast, Enrique Estay, Iván Moreira, Juan Masferrer y Darío Paya.

La acusación se sustenta en el artículo 52 Nº 2 b de la Constitución, y que sanciona el "haber dejado una ley sin ejecución". Dentro de las leyes que no se habrían ejecutado por Provoste están la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley de Subvenciones; el Estatuto Administrativo y la Ley 18.956, que reestructura al Mineduc.

El argumento central de la acusación fue el que la ministra no habría fiscalizado oportunamente las irregularidades en su ministerio y adoptado medidas, no obstante enterarse a tiempo de las anomalías.

"No sólo ha sido la ministra incapaz de ejercer la fiscalización y control que le encomiendan las leyes, sino que principalmente aún no ha corregido los errores representados ni ha aplicado, por iniciativa propia, las sanciones que la ley señala para la comisión de estas infracciones administrativas", dice el texto.

"Las sanciones que efectivamente se han cursado -prosigue- tienen más relación con los procesos llevados por la Contraloría que por iniciativa del ministerio. Una muestra evidente de lo último está en la decisión de la ministra de no destituir al seremi de la Región Metropolitana (Alejandro Traverso), pese al conjunto de antecedentes existentes y a la propia recomendación del contralor general".

De hecho, otro de los cinco capítulos acusatorios (ver infografía) condena la no destitución del ex seremi, a quien se le imputan infracciones por incumplir con las declaraciones patrimoniales de los jefes provinciales a su cargo; no devolver los saldos presupuestarios a fines de 2006 y la inejecución de las leyes que sancionan estas conductas.

Tras la presentación, la acusada queda con arraigo

Una vez que se dé cuenta de la acusación en la Sala de la Cámara, lo que sucederá el próximo martes, la ministra no podrá ausentarse del país sin el permiso de esa rama legislativa. En la misma sesión se procederá a elegir por sorteo la comisión de cinco diputados que deberá informar si procede o no la acusación (quedan excluidos del sorteo los diez diputados que presentaron el libelo y los tres integrantes de la mesa de la Cámara). En los tres días siguientes se debe notificar a la acusada, y ésta dispone de otros diez días para presentar su defensa, personalmente o por escrito. Luego la comisión tiene un plazo de seis días para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella, tras lo cual sesionará la Sala de la Cámara para debatirla y votarla. Para aprobarla se requiere la mayoría de los diputados presentes, y si así ocurre, la ministra quedará suspendida del cargo hasta que el Senado se pronuncie como jurado. Si la Cámara Alta también la aprueba, Provoste es destituida y queda inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años.

Gobierno: "El desalojo ha ganado"
El ministro Vidal anunció además que el Ejecutivo defenderá a la titular de Educación, Yasna Provoste, ante la acusación presentada por la Alianza.

Con molestia reaccionó ayer el Gobierno ante la presentación por parte de la Alianza de una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Yasna Provoste, por su eventual responsabilidad en el desorden administrativo en esa cartera.

Según el ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, la acción emprendida por la oposición significa que la teoría del desalojo ha ganado. "Aquí el desalojo ha ganado, ha ganado en la derecha, en los que lo sostienen", manifestó el portavoz. Asimismo, planteó que la iniciativa en contra de la secretaria de Estado rompe el clima de entendimiento con la Alianza, el que se ha implementado desde la llegada de Edmundo Pérez Yoma a la jefatura del gabinete. "Esto rompe un clima de entendimiento político que los chilenos demandan", sentenció el vocero, quien analizó el tema junto al resto de los ministros del comité político en su habitual reunión de los viernes.

También y en contraste a versiones sobre que La Moneda estaría por "dejar caer" a Provoste, para evitar asumir el costo político de una eventual destitución, Vidal aseveró que "el gobierno va a defender por convicción, por respeto a las instituciones y a la tradición y por la democracia que hemos reconstruido en 18 años, a la ministra Provoste, convencidos de que esta acusación es injusta e infundada".

Los abogados detrás del libelo acusatorio

MIGUEL FLORES

Director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. Profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Director del diplomado en U. del
Desarrollo.

CARLOS FRONTAURA

Profesor de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad Andrés Bello e investigador de la Fundación Jaime Guzmán.

MARÍA LUISA BRAHM

Directora Ejecutiva del Instituto Libertad. Consejera del Consejo de Televisión. Ejerció como miembro del Consejo de Alta Dirección Pública.

TEODORO RIBERA

Doctor en Derecho, ex diputado RN, ex vicepresidente de la Cámara y actual abogado integrante del TC.

ARTURO FERMANDOIS

Master en Derecho de la U. de Harvard. Profesor de la Universidad Católica.

Sebastián Soto, de L y D; y Cristián Valenzuela, de la Fundación Jaime Guzmán.


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Ésta es la octava acusación que se presenta en la Cámara, desde 1990, contra un ministro de Estado. Ninguna ha sido aprobada.
Ésta es la octava acusación que se presenta en la Cámara, desde 1990, contra un ministro de Estado. Ninguna ha sido aprobada.
Foto:PATRICIO ULLOA


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