REPORTAJES

Domingo 14 de Octubre de 2007

Ministro de Justicia, Carlos Maldonado:
Voy a ser bien directo: la prisión es un mal necesario

El miembro del comité político revela las discrepancias de su partido, PRSD, dentro de la Concertación al exigir mayor dureza para combatir la delincuencia. También aconseja comunicar mejor las obras del Gobierno, y responde a las molestias de la DC por su acuerdo con la oposición sobre el nuevo fiscal nacional.

MAURICIO CARVALLO

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado Curti (44, abogado, radical), añora el cargo de subsecretario General de Gobierno que desempeñó durante un año hasta que -sorpresivamente en marzo- la Presidenta Bachelet lo nombró en su actual cartera.

Recuerda especialmente el mes de febrero, cuando reemplazó al titular Ricardo Lagos Weber en la vocería, justo en el mes maldito en que debutó el Transantiago. Sintió la adrenalina al explicar lo inexplicable.

Superar esa valla -sabe- pesó más en su currículo que haber trabajado durante seis años como secretario ejecutivo de la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal. Fue premiado con la cartera de Justicia y con el pase al comité político del Ejecutivo, "una legítima aspiración del PRSD".

Su origen es modesto. Su abuelo fue obrero de Ferrocarriles y su padre empleado de esta empresa en Valparaíso, su ciudad natal. Vive en Peñalolén con su esposa y tres hijas, en una casa que sigue pagando con un crédito hipotecario; su auto es del año 98.

-Me siento orgulloso de vivir en un Chile real -explica el ministro, ya de noche, en su oficina del edificio que fue del Seguro Obrero, a un costado de La Moneda-.Vivo en un condominio vecino a las casas "Chubi". Esa gente está mejor que durante la toma de Peñalolén, pero es injusto que tengamos tanta desigualdad.

-El PRSD quiere endurecer más la mano contra la delincuencia que los demás partidos de la Concertación...

-El PRSD ha votado distinto que ellos. Tenemos otra visión porque nuestra fuerte convicción es que si bien es deber del Estado dar oportunidades, profundizar la solidaridad y la equidad social, también creemos que cada persona tiene que hacerse responsable de sus actos. El imperio de la ley es fundamental para el progreso de las sociedades.

-La ley debe aplicarse con el mayor rigor y sin excepciones. El delito no sólo provoca daño a la víctima, también produce temor, lo cual limita las libertades. Es especialmente legítimo que un Estado democrático sancione con rigor la infracción a la ley.

-¿Entonces el resto de la Concertación es blanda al respecto?

-Luego del gobierno militar ha sido lenta la recuperación de la convicción de que debemos entregar a las fuerzas policiales todas las herramientas necesarias para combatir el delito. Tradicionalmente, los partidos de izquierda vieron a la ley penal como una manifestación represiva del Estado y al sistema penal como una forma de segregación social. De alguna manera, esa visión todavía se encuentra presente en algunos partidos.

-Tenemos la tasa per cápita de presos más alta de América Latina. Si México tiene 55 mil presos para 120 millones de habitantes, Chile 43 mil para 16 millones... Así y todo, todavía hay un alto número de delincuentes que no han sido sancionados. La nueva justicia penal ha incrementado en unas 10 mil personas el número de condenados. Es legítimo trabajar incansablemente por mejorar y neutralizar las causas sociales, pero ese esfuerzo, imprescindible, produce frutos en el largo plazo, y la gente quiere seguridad hoy día.

"El 2012 podríamos tener 10 mil presos más que hoy"

-¿Qué opina de las libertades provisionales que conceden los jueces?

-Soy partidario, y trabajo en el Parlamento para que se apruebe el proyecto de agenda corta que establece criterios más rigurosos en materia de prisión preventiva. Algunos jueces son demasiado garantistas.

--¿Cuántos personas deberían ir a la cárcel, según eso?

-...Voy a ser bien directo: la prisión es un mal necesario. No es que por sí misma produzca efectos beneficiosos, pero sin duda que si hay personas que han atentado gravemente contra otras, debe privárseles de libertad. Es una herramienta no deseable, pero legítima en una sociedad que tiene derecho a castigar los delitos. Si esto se traduce en 50 mil presos, no es un tema que dependa de la voluntad del Ejecutivo sino del comportamiento de las personas. Si no delinquen vamos a tener menos presos...

-¿Debe entonces aumentarse aún más el número de cárceles?

-Estamos en ese esfuerzo. Hemos inaugurado seis de las 10 cárceles que contempla el plan. Fuera de eso hemos concordado con Hacienda en realizar un estudio preinversional para determinar las necesidades globales. Es que las proyecciones nos indican que, de mantenerse la tendencia actual, el 2012 podríamos tener 10 mil presos más que hoy. Como la tasa crece en dos mil presos anuales, debiéramos tener cada año una cárcel como Santiago Uno, además de las que están planificadas.

-¿Cómo interpreta el error de cálculo de los Tribunales de Familia?

-Hubo errores de diseño, pero también una demanda social oculta. El país se encontró con que había cientos de miles de chilenos que nunca habían judicializado sus problemas. Por eso impulsamos un proyecto de ley que incrementa sustantivamente la dotación, los recursos, e introduce modificaciones procesales que, espero, salgan en el primer trimestre del 2008.

-La presidenta del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, Gloria Negroni, acusó que debe haber muertes para que las autoridades de gobierno tomen medidas protectoras.

-Es una insinuación injuriosa. Y la hace debido al caso de una señora que concurrió a ese tribunal en dos oportunidades, pidió medidas de protección y no les fueron concedidas a pesar de que la ley obliga a los tribunales a concederlas de inmediato. Este intento de traspasar responsabilidades confunde los planos. Será resorte de la Corte Suprema establecer si es legítimo que un juez realice declaraciones tan claramente políticas sobre la labor del Ejecutivo y del Parlamento. Le señalé a su presidente mi punto de vista.

ENCUESTAS SOBRE EL GOBIERNO: "Me molestan profundamente estos porcentajes de aprobación tan bajos"

-La oposición dice no entender el pacto social que propone la Presidenta...

-Para entenderlo, primero hay que quererlo. En el Parlamento hay proyectos emblemáticos que tienen problemas para avanzar. Pero uno tiene la obligación de ser optimista, de pensar que siempre se podrá encontrar el consenso.

-El desorden hace muy lento el accionar del Ejecutivo.

-La Concertación necesita recuperar la mística y la fe en el proyecto común. Cuestionar las propuestas y decisiones del Ejecutivo es un fenómeno político que se ha intensificado y pone en tela de juicio el fondo de nuestros proyectos, cuando a veces las diferencias son sobre aspectos puntuales. Pero es más que un problema político. Si no se manifiesta que la Concertación está al servicio de la gente y preocupada de los grandes problemas, afectará la labor del Gobierno.

-¿Cómo explica la baja en las encuestas del gobierno al 35,3 %?

-Me molestan profundamente estos porcentajes de aprobación en las encuestas. La persona de la Presidenta, el programa de gobierno, los avances que registramos en materia social, que son históricos, merecen una aprobación mucho más alta. Debemos redoblar esfuerzos, convicción y disciplina. Pero también mejorar nuestra comunicación con la ciudadanía para que la gente reencuentre la obra del Gobierno.

-El Transantiago es un problema político serio. Otro factor que nos afectó en la encuesta es la violencia de la jornada del 11, pero estamos desarrollando un trabajo bastante intenso para evitar ese tipo de conductas en el futuro...

-¿Por qué dice que hay que comunicar mejor como Gobierno?

-Porque hay gran distancia entre lo que estamos haciendo y lo que la gente percibe que efectivamente se hace.

-¿Es que quiere ser nuevamente vocero?

-... No, todos tenemos la responsabilidad de comunicar mejor lo que hacemos.

-La baja en las encuestas renovó la idea de un cambio de gabinete...

-La Presidenta nunca nos ha mencionado este tema en el comité político y, obviamente, los ministros tampoco se lo hemos pedido. Uno sólo se entera, como fue en mi caso, cuando ella nos llama.

-Podría pesar en la decisión presidencial que usted mostrara capacidad negociadora con la oposición, lo que no han podido lograr otros ministros...

-...He tratado de separar la legítima controversia política del avance en las políticas públicas. Mi convicción es que éstas deben contar con el mayor apoyo transversal, porque así tienen mayor legitimidad y probabilidad de buenos resultados. Parto de la base de que todas las fuerzas políticas quieren lo mejor para Chile. Y en ese sentido, nunca descarto una idea por el hecho de que provenga de un partido fuera de nuestra coalición. Claro que tratamos de que el consenso se produzca en torno a nuestras propuestas.

-Usted ha sido duramente cuestionado por la DC por hacer lobby con la oposición en el nombramiento del nuevo fiscal nacional, Sabas Chahuán.

-Lo que hice fue cumplir el encargo de la Presidenta. Chahuán fue su primera prioridad. He sentido algunas señales de molestia, pero confío en que se superarán prontamente porque hay que entender que lo que se definía era un tema fundamentalmente técnico en materias de seguridad pública. No es correcto generar consecuencias políticas de una decisión de este tipo.

-¿Cómo toma entonces que el vicepresidente de la DC, Jorge Burgos, asegurara que fue "sumamente oscuro" en esa interlocución con la Alianza, lo cual tendría consecuencias?

-Esas expresiones no sólo fueron injustas, sino también desafortunadas, porque sostener que uno debiera pagar por ello no corresponde a la manera en que debiéramos entendernos. Trato de dar vuelta rápidamente la página de los momentos ingratos porque el país merece que avancemos. Es legítimo llegar a acuerdos con la oposición tantas veces como el interés del país lo exija.



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"Soy partidario, y trabajo en el Parlamento para que se apruebe el proyecto de agenda corta que establece criterios más rigurosos en materia de prisión preventiva".
Foto:Álex Moreno


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